La Junta de Andalucía exige a Sánchez compensar a los autobuses perjudicados por la gratuidad del tren

La Junta de Andalucía ha exigido este lunes al Gobierno de Sánchez un fondo de compensación para las empresas de transporte en autobús a fin de subsanar la situación de desequilibrio que genera la gratuidad de los viajes en tren respecto al resto del sector.

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Marifrán Carazo, ha trasladado dicha petición en una carta dirigida a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez.

La Junta ha solicitado así que el Estado indemnice a las empresas operadoras de las líneas de autobús que prestan recorridos coincidentes al ferrocarril «ante los graves perjuicios económicos derivadas de la gratuidad de los servicios ferroviarios de Cercanías y Media Distancia».

En la misiva, según una nota del Gobierno andaluz, la consejera ha trasladado a la ministra su preocupación ante el impacto de esta medida en los servicios de transporte de viajeros por carretera, que «sufren el incremento del coste del combustible y todavía no se han recuperado de la pandemia del Covid-19», que supuso una drástica bajada del número de viajeros.

«Esta medida agudiza más la delicada situación financiera en la que se encuentran los operadores de transporte regular por carretera derivada del incremento de los costes de explotación especialmente debido a la crisis del combustible», ha indicado Marifrán Carazo en la misiva, en la que incide en que la situación se agrava en aquellas líneas con «recorridos coincidentes con el ferrocarril donde el trasvase de usuarios puede llevar a cuestionar gravemente la viabilidad económica del servicios y su subsistencia».

La consejera asume así las reivindicaciones de la Federación Andaluza Empresarial de Transporte en Autobús (Fandabus), con la que coincide en que esta medida adoptada por el Gobierno «prima a un modo de transporte frente a otro» y puede acarrear «consecuencias al conjunto de empresas operadoras, muchas de ellas pymes, que verán disminuidos significativamente sus ingresos con el peligro evidente de pérdida de actividad y de puestos de trabajo».

Marifrán Carazo ha apuntado que la medida también puede repercutir en la calidad de los servicios «por la imposibilidad de que Renfe pueda atender la demanda que va a registrar y de que las operadoras de transporte por carretera coincidentes con el ferrocarril mantengan la oferta actual de servicios».

La consejera ha insistido a la ministra en la necesidad de generar un fondo extraordinario de financiación para atender los graves perjuicios que está generando la crisis del combustible en el sistema de transporte público de viajeros, que está teniendo un importante impacto en las cuentas de estas empresas.