Los inmigrantes de Sevilla exigen acceder a las ayudas públicas aunque sean ilegales
Los inmigrantes de Sevilla han exigido al Ayuntamiento de Sevilla, que dirige el socialista Juan Espadas, que tenga en cuenta la «situación excepcional» para poder acceder a las ayudas públicas «independientemente de su situación administrativa o de si están empadronadas o no».
Esta acción «con carácter urgente» se pide al Ayuntamiento de Sevilla que se realice mientras el Estado lleva a cabo una «publicación de urgencia de un real decreto de emergencia para la regularización administrativa de las personas extranjeras residentes en España». En este sentido, solicita al Consistorio a que se posicione sobre este asunto y transmita al Gobierno central esa «necesidad» de actuación.
Paralelamente, según se ha indicado desde la plataforma a Europa Press, se trabaja para que el Consejo Municipal de la Migración en Sevilla realice un posicionamiento conjunto en esta línea, para que sea posteriormente trasladado al Consistorio. Así, se recuerda que en otras ciudades como Barcelona o Valencia ya se ha realizado.
La plataforma se une, de este modo, a la campaña #RegularizacionYa, que agrupa a cientos de organizaciones a nivel estatal y que a mediados de abril ha presentado una demanda de regularización al Gobierno central.
Además, pone en valor, a través de un comunicado, las diversas iniciativas ciudadanas que se están desarrollando en Sevilla para responder a estas situaciones, como es el fondo para ayuda al alquiler ‘#SolidaridadComoVacuna’, que ha ayudado a 72 familias ante esta emergencia con dotaciones para el problema de vivienda. También, recuerda que desde la Red de Apoyo Mutuo Centro-Macarena (Ramuca) y otras redes ciudadanas en barrios, parroquias y asociaciones se están dando respuestas ante la emergencia alimentaria y de recursos básicos.
«Sin embargo, si la situación de estas familias no tiene una respuesta institucional que asegure su acceso a las medidas de protección social, quedarán expuestas a situaciones de extrema pobreza y desamparo institucional en el caso de los menores. La regularización administrativa es el único cauce posible para asegurar su acceso a medidas básicas de protección en igualdad de derechos y condiciones», recalca.
Vulnerabilidad
Destaca que «no hay duda de que entre las personas migrantes que carecen de documentación existe un alto riesgo de exclusión social y económica, situación que se ha visto agravada de forma alarmante por el confinamiento y el estado de alarma».
Por último, advierte de que las medidas institucionales desarrolladas tanto a nivel estatal como autonómico y local «dejan fuera a personas y familias cuya situación de irregularidad administrativa las hace más vulnerables». Así, recuerda que su subsistencia dependía de actividades que «generaban ingresos día a día, como la venta ambulante, aparcamiento de coches, empleadas de hogar sin contrato, que desaparecieron drásticamente».
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