Enésimo delito prescrito de la Junta de Andalucía socialista: Chaves y cinco exconsejeros ‘se van de rositas’

La Audiencia Provincial de Sevilla anula tras prescribir los delitos cometidos  tras la concesión de un préstamo de la Junta socialista de Andalucía de 5,83 millones de euros a la empresa Campocarne Andalucía S.A., filial Campofrío. El motivo de la prescripción: ya han pasado 15 años.

Tal y como ha avanzado el diario ABC, el tribunal ha dejado sin efecto tanto estas diligencias como las demás resoluciones, con lo que uno de los episodios que se consideran originarios del ‘caso ERE’, quedará impune.

En esta causa, estaban investigados por presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos el expresidente de la Junta Manuel Chaves y cinco exconsejeros: Gaspar Zarrías, Guillermo Gutiérrez, José Antonio Viera, Antonio Fernández y Francisco Vallejo.

Según relata el citado medio, en un auto del 28 de octubre, la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla acuerda «dejar sin efecto» la apertura de esta causa y el auto que rechazaba los recursos de las defensas contra ella y declara «la prescripción de los presuntos delitos investigados».

Y es que la Audiencia concluye, según ABC, que han transcurrido «sobradamente» 15 años desde su concesión «hasta la fecha de incoación de la presente causa (03/12/2019)».

Carmen Calvo

El caso data del 9 de noviembre de 1999. Una fecha en la que el Ejecutivo autonómico acordó conceder un préstamo-puente de 970 millones de pesetas (5.829.817 euros) a Campocarne Andalucía SA. El préstamo se daba tras hacerse cargo la empresa de una segunda firma: la cárnica Hijos de Andrés Molina. La amortización del crédito se diseñó para ser pagada contra las subvenciones que la compañía recibiría en el futuro por inversiones y creación de empleo: que recibiría de la propia Junta de Andalucía. Traducido: la empresa no llegaba a pagar el préstamo. Y, pese a ello, la compañía acabó dejando sin devolver 3,75 millones.

Pero es que, además, la concesión de ayudas en la que está implicada la actual vicepresidenta Carmen Calvo -al formar parte del Consejo de Gobierno-, se realizó sin cumplir con las exigencias de control más básicas. Se omitió la pertinente celebración de la Comisión General de viceconsejeros previa al Consejo de Gobierno regional. La Comisión General debe supervisar todos los informes técnicos obligatorios para evitar el fraude en la concesión de ayudas. Y al omitir esa Comisión, se omitieron todos los informes.

De esa manera, se aprobaron los préstamos de ayuda sin contar con tres informes totalmente necesarios para garantizar la limpieza de las subvenciones: el del gabinete jurídico, el informe sobre consignación presupuestaria, y el informe de los interventores en materia de fiscalización presupuestaria.