Diez años de prisión para los cabecillas de una red criminal que traficaba con inmigrantes marroquíes

Los juzgados andaluces acumulan en las últimas semanas numerosos casos de redes criminales dedicadas al tráfico de inmigrantes ilegales. Este viernes, la Audiencia Provincial de Cádiz ha condenado a diez años de cárcel a los cuatro cabecillas de una mafia con sede en Marruecos y ramificaciones en territorio nacional.

Se les acusa de delito continuado contra el derecho de los ciudadanos extranjeros y delito de detención ilegal. El primero de ellos por introducir en España vía patera a inmigrantes de origen magrebí. El segundo por, una vez en suelo español, retenerlos en contra de su voluntad y extorsionar a los familiares para que entregasen una nueva cantidad de dinero -además del que ya han pagado por subirse a la patera-. En caso contrario, les entregarían a las autoridades españolas.

Los ilegales eran introducidos en la Península a través de las costas gaditanas para después ser trasladados a diferentes puntos de Huelva y Almería, donde eran retenidos a la espera del segundo cobro que les dejase en libertad.

Modus operandi

Según la sentencia, recogida por Europa Press, a uno de ellos se le suma además una condena de tres años de prisión por un delito contra la salud pública, al ser sorprendido con hachís en el momento de su detención. Por otra parte, otros cuatro acusados de cooperar con la organización han sido condenados a nueve meses de prisión por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

La sentencia da como hechos probados que la organización realizó diferentes viajes entre octubre de 2016 y marzo de 2017, llegando las embarcaciones a las costas gaditanas de Barbate y una de ellas a la playa de La Muralla, en El Puerto de Santa María (Cádiz), donde fueron interceptadas 20 personas en esa ocasión.

Asimismo, señala que los cuatro acusados como cabecillas estaban integrados en una organización criminal formada por ciudadanos residentes en España y Marruecos dedicada a introducir en España, a cambio de dinero, a nacionales marroquíes, utilizando para ello embarcaciones de tipo neumáticas, semirrígidas y pateras, mientras que los otros tres acusados colaboraban puntualmente con la organización.

La rama ubicada en Marruecos se dedicaba a la captación de individuos de nacionalidad marroquí con el ofrecimiento de trasladarlos a España en pateras a cambio de una contraprestación económica. Además, se encargaba de organizar y agrupar a los inmigrantes para enviarlos en las mencionadas pateras.

Por su parte, la rama española se encargaba de recibir a los inmigrantes, y una vez las embarcaciones llegaban a España, los acusados les despojaban de todos los efectos que portasen, tales como documentación, dinero y teléfonos móviles, provocándoles una «situación de total indefensión». Así, eran trasladados principalmente a las provincias de Almería o Huelva, siendo allí retenidos en contra de su voluntad hasta que los familiares entregasen determinadas cantidades de dinero a cambio de no entregarlos a las autoridades españolas.