Andalucía

Detectan múltiples irregularidades en las contrataciones ‘a dedo’ de la Junta socialista de Susana Díaz

La Cámara de Cuentas de Andalucía ha subrayado las distintas irregularidades de la Junta socialista detectadas durante los años 2016 y 2017, últimos años completos de Susana Díaz al frente de la Junta de Andalucía.

La Cámara de Cuentas analiza contratos por importe superior a los 5.400 millones de euros, así como de subvenciones por un valor de 200 millones de euros. En concreto, la Cámara desglosa que el total de contratos adjudicados por la Junta socialista de Andalucía en 2016, así como de las entidades que conforman el Sector Público Andaluz, fue de 91.670, por valor de casi 2.800 millones de euros. El año siguiente, el 2017, se formalizaron un total de 86.715, unos 5.000 menos; sin embargo, el importe fue similar: 2.750 millones de euros.

Más de 5.400 millones de euros, sobre los que un 14,29% no se justificó la imposibilidad o la decisión de no dividir en lotes el objeto de los contratos, incumpliéndose la regla sobre contratación pública. Además, el 58,26% (67/115) de los contratos fiscalizados presenta carencias en la justificación y motivación técnica de la elección de los criterios de adjudicación que serán tenidos en cuenta en la adjudicación de los contratos.

Ocultó datos

Según el informe, la Dirección General de Patrimonio (Consejería de Hacienda, Industria y Energía) de la Junta socialista no comunicó a este órgano de control en el plazo establecido la información sobre la contratación formalizada durante 2016 y 2017 por las entidades que componen el sector público de la Administración de la Junta de Andalucía (9 meses de retraso con respecto a la información referida a 2016 y dos meses para 2017).

Por si esto fuera poco, «en los datos contenidos en el Registro de Contratos de la Junta de Andalucía se continúan detectando incorrecciones que pueden conducir a errores en la explotación y en el tratamiento de dichos datos», expone la Cámara de Cuentas en su informe.

Incumplimientos

Según la Cámara de Cuentas, el 18,26% de los contratos analizados (21/115) no contiene un desglose justificativo de los importes en los que se descompone el presupuesto de licitación o no contienen elementos que permitan justificar la cuantificación de los importes presupuestados; el 14,78% (17/115) de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) empleados por los centros gestores utilizan criterios de adjudicación que deben valorarse en la fase de selección y no en la de adjudicación del contrato y el 7,83% (9/115) de los PCAP analizados incluyen como criterios de adjudicación conceptos que no son propiamente criterios de valoración de oferta semejantes aceptables.

Por otro lado, el 13,04% de los PCAP configuran incorrectamente el criterio de adjudicación de «mejoras». En el 62,50% (15/24) de los contratos adjudicados por procedimiento negociado sin publicidad no queda convenientemente motivada la utilización de ese procedimiento.

Y, entre otros, en el 30,88% de los contratos menores de obras y de servicios adjudicados en 2016 por las Agencias Públicas Empresariales se optó por tramitar varios expedientes pese a tratarse de prestaciones similares que pudieron englobarse en un único expediente que integrase el conjunto de las prestaciones individuales.