Denuncian a la delegada del Gobierno en Ceuta ante la Fiscalía de Menores por la devolución de menas

La asociación L’Escola ha denunciado en la Fiscalía de Menores de Granada a la delegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora del Carmen Mateos, por la gestión de la devolución de menores extranjeros no acompañados (menas) hacia Marruecos sin articular para ello «el procedimiento de repatriación contemplado por las leyes vigentes».

Ha sido la presidenta de L’Escola, Nuria González, la encargada de presentar esta denuncia por supuesta vulneración de los derechos fundamentales de los menores que llegaron a España el pasado mayo a través de la frontera en Ceuta, los cuales, según ha defendido, «han sido devueltos de manera irregular sin seguir los procedimientos administrativos que contempla tanto la Constitución como la Convención de los Derechos del Niño».

González ha asegurado que la asociación que preside no entiende que se pueda «coger un grupo de niños y meterlos en una furgoneta para traspasar las fronteras sin saber donde van, sin haber sido identificados, sin que hayan tenido tiempo de ser reconocidos y protegidos sus derechos», y ha criticado la gestión del Gobierno en este asunto porque, «cuando un menor llega a España, da igual de donde venga porque los derechos de los menores se protegen en el mundo entero».

Además, ha hecho referencia a las niñas en los procesos migratorios: «Nadie se está preguntando en este país dónde están las niñas. No hay ninguna niña en esas olas de migraciones, no están, no porque no migren, si no porque están siendo víctimas de trata en las fronteras».

Las actuaciones realizadas por la delegada del Gobierno en Ceuta «promoviendo la devolución masiva de menores» vulnera también, según este colectivo, «la legislación de extranjería, por cuanto no se ha observado en absoluto el procedimiento previsto y, por consiguiente, ha resultado totalmente arbitraria la acotación de la Administración».

Son unas actuaciones que, según ha detallado L’Escola en una nota de prensa, «podrían subsumirse en el tipo de prevaricación administrativa previsto en nuestro Código Penal».

Ha agregado que el acuerdo suscrito por España y Marruecos el 6 de marzo de 2007, establece, en su artículo 5, que «las autoridades competentes (la Delegación del Gobierno en Ceuta), de oficio o a propuesta de la entidad que ejerza la tutela sobre el menor, resolverán acerca del retorno a su país de origen, con observancia estricta de la legislación española, las normas y principios del derecho internacional y de lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño».

Asimismo, ha hecho hincapié en que los derechos establecidos por la Convención sobre Derechos del Niño, y, en general, los fundamentales de las personas «no pueden ser suspendidos por ninguna situación de emergencia».