Denuncian a una consejera socialista en Melilla por prevaricación y malversación en un contrato «amañado»

La consejera de Políticas Sociales, Salud Pública y Bienestar Animal del Gobierno de Melilla, la socialista Francisca García Maeso, ha sido denunciada por la presunta comisión de los delitos de prevaricación y malversación en la adjudicación «a dedo» de un contrato menor para la gestión de las redes sociales de dicha consejería.

La denuncia, presentada por Podemos Melilla, ha sido registrada ante el Ministerio Fiscal. Según ha informado la organización morada a través de un comunicado, la misma «está relacionada con el contrato de gestión de contenidos en redes sociales de la citada consejería».

La secretaria general de la formación, Gema Aguilar, ha explicado que hay «claras irregularidades» al apuntar que «a pesar de que se afirmó en el informe de necesidad que se publicaría la licitación del contrato en el tablón de anuncios de la Ciudad Autónoma de Melilla, nunca se llevó a cabo dicha publicación, limitando así la posibilidad de que otras empresas presentaran sus ofertas».

Aguilar ha señalado que en lugar de publicar el contrato, tal y como indicaba el director general, «se optó, sin explicación alguna, por la opción más opaca»: «Se invitó a tres entidades a presentar ofertas, las cuales tenían vínculos personales y profesionales entre sí, lo que podría indicar una simulación de una concurrencia competitiva que en realidad no existía. Se invita a una autónoma, a su supuesta pareja y a una amiga de la autónoma», ha detallado.

Al final, ha explicado la secretaria general de Podemos Melilla, sólo se presenta una oferta que resulta adjudicataria del contrato para llevar las redes sociales de la consejería por 9.984 euros durante seis meses.

Según la denuncia presentada ante la Fiscalía, se habrían «vulnerado así los principios más básicos que deben regir en la contratación pública, con el objetivo de contratar a dedo a una determinada persona, hurtando la posibilidad a cualquier empresario de optar al contrato y evitando así la presentación de ofertas más económicas y con una mejor prestación del servicio. Unos hechos que serían imposibles de cometer sin la connivencia de la Administración, pudiendo estar ante un presunto delito de prevaricación».

Aguilar ha indicado que la denuncia revela que el objeto del contrato, generar contenido para las redes sociales destinado a la divulgación de programas de actuación de la consejería, no se está ejecutando, mientras que «por el contrario, se están usando los perfiles como si fueran las redes personales de la consejera, en los que se relata cómo acude a una procesión de la Semana Santa, una gala del deporte o, en definitiva, a actos de su agenda política que nada tienen que ver con su gestión y sí con la promoción de su imagen de cara a las próximas elecciones».

«Es decir, tenemos un contrato público, parece ser que claramente amañado, para que la consejera tenga a una especie de jefa de prensa siguiéndole los pasos durante la campaña. Está usando dinero público para un fin que no era el previsto, por lo que estaríamos ante un presunto delito de malversación», ha recalcado Aguilar.

Por todo ello, Podemos Melilla ha solicitado a la Fiscalía que inicie diligencias esclarecedoras para depurar posibles responsabilidades penales derivadas de este contrato, así como revisar otros contratos menores firmados por la Ciudad Autónoma de Melilla en 2022 y que «cumplen un patrón similar».