Coalición por Melilla (CPM)

Demoledor informe policial contra los socios del PSOE en Melilla: «Organización criminal en mayúsculas»

El Gobierno de Melilla adjudicó 291 contratos menores para desviar fondos públicos y financiar la compra del voto por correo

"Estamos ante una verdadera organización criminal en mayúsculas", sentencia la Policía Nacional en su informe al juzgado

Mustafa Aberchán
Mustafa Aberchán, líder de Coalición por Melilla (CPM).
David García de Lomana

La Policía Nacional considera al ex presidente de Melilla, Mustafa Aberchán (CPM), «el líder de una organización criminal» en forma de partido político (Coalición por Melilla), según se recoge en el demoledor atestado del informe de la causa que ha desembocado en la detención y encarcelamiento de seis ex altos cargos del Ejecutivo melillense, entre ellos el propio Aberchán. Los fondos públicos desviados por CPM, socios de Gobierno del PSOE entre 2019 y 2023, habrían servido para financiar la compra del voto por correo y generar un «notable enriquecimiento ilícito» de los investigados, acusados de fraude, malversación, prevaricación y pertenencia a organización criminal.

Según el documento judicial, que recoge el citado atestado tras diez meses de investigación, las distintas unidades que han elaborado el informe en el seno de la Jefatura Superior de Policía subrayan que Mustafa Aberchán «ha sido el que ha dispuesto la realización de la contratación fraudulenta» y «quien ha decidido a quién adjudicar y a quién no» los cientos de contratos menores investigados. Se le considera «el máximo responsable de los delitos cometidos», ya que «es el líder del partido, sin que nadie discuta sus decisiones», y «viene liderando la organización criminal desde su condena por delito electoral en las elecciones de 2008», señalan los investigadores.

El informe lo sitúa como número uno en la cúspide de dicha organización criminal, lo que llaman el «escalón A», y en el organigrama le acompañan, según el documento policial, los ex consejeros del Gobierno de Melilla Dunia Almansouri, Rachid Bussián, Mohamed Ahmed, Hassán Mohatar y Cecilia González Casas; las ex viceconsejeras Fatima Mohamed Kaddur y Yonaida Sel-Lam; y dos empresarios locales.

La compra de votos

Al respecto, los agentes han destacado que conforme a las indagaciones, declaraciones y análisis de expedientes, se puede hablar con rotundidad de la existencia de «una organización criminal que desde Consejerías adscritas a la formación política Coalición por Melilla (CPM), en el anterior gobierno de la Ciudad, habrían adjudicado cientos de contratos menores procedentes de los presupuestos de la Ciudad Autónoma de Melilla (CAM) a personas de la propia organización criminal y afines a la trama, sirviendo los fondos obtenidos para financiar la compra del voto por correo, además de generar un notable enriquecimiento ilícito de los investigados».

En este sentido, sostienen que, después de diez meses de investigación, «existen cientos de elementos probatorios para aseverar que esa organización criminal habría adjudicado desde el Gobierno de la CAM 291 contratos menores mediante la perpetración continuada y sistemática de supuestos delitos de fraude en la contratación, mediante la concertación entre el órgano de contratación, invitados y adjudicatarios, con el objeto de inyectar millonarios recursos procedentes del erario público a integrantes de los escalones A y B de la organización, con el objeto de que estos financiasen la compra del voto por correo, así como otras vías de obtención fraudulenta de votos para la formación política CPM y obtuviesen también los adjudicatarios un notable rendimiento ilícito».

«Los investigadores queremos insistir en que no estamos frente a un grupo más o menos grande dedicado a la comisión de fraudes continuados en la adjudicación, y que con esos recursos se deciden a comprar unos cuantos votos, sino que estamos ante una verdadera organización criminal en mayúsculas, que ha permanecido activa desde, por lo menos, el año 2008», señala la Policía Nacional en su informe al juzgado, al que ha tenido acceso Europa Press.

Asimismo, añade que el grupo cuenta «con un claro liderazgo, con una maquinaria perfectamente engrasada con el paso de los años y las sucesivas citas electorales, así como una organización que cuenta con un extenso entramado delictivo que operaría desde la esfera política concertándose con los escalones inferiores, adjudicándoles de forma repetida y continuada cientos de contratos menores a otros integrantes de la organización, con una notable capacidad de influencia sobre la población, especialmente en los barrios de la periferia de Melilla, donde las necesidades de la población los convierten en los votantes perfectos para instalar la mecánica delictiva de la compra del voto».

La investigación apunta además que, dentro de los niveles de jerarquía de la organización criminal, esquema dibujado por los investigadores de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco), pueden definir los diferentes escalones de acuerdo al reparto de tareas dentro de la organización, «cuyo primordial objetivo es conseguir socavar la democracia mediante un fraude masivo del voto por correo, adquiriendo por medio de contraprestación económica, de forma directa o indirecta, el sobre conteniendo la documentación electoral».

Cabe recordar que desde los días 5 y 6 de marzo están en prisión el ex presidente de Melilla entre 1999 y 2000 y actual líder de CPM Mustafa Aberchán; y los ex consejeros del Gobierno melillense entre junio de 2019 y mayo de 2023 Dunia Almansouri (Hacienda, Empleo y Comercio), Rachid Bussián (Urbanismo, Infraestructuras y Deportes), Hassán Mohatar (Medio Ambiente) y Mohamed Ahmed (Distritos y Juventud).

Desde el 7 de marzo se encuentra en libertad provisional la ex viceconsejera de Vivienda Yonaida Sel-lam, que pagó una fianza de 5.000 euros después de pasar una noche en el centro penitenciario de Melilla. También están en libertad provisional la ex consejera Cecilia González y la ex viceconsejera Fatima Mohamed Kaddur.

Todos ellos están acusados de la presunta comisión de hasta cuatro delitos: fraude en la contratación, prevaricación, malversación de caudales públicos y pertenencia a organización criminal.

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