Declara el hermano de otro expresidente socialista de Andalucía por ayudas irregulares de 8 millones

Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del expresidente socialista de la Junta de Andalucía José Rodríguez de la Borbolla, ha declarado este miércoles como acusado ante la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla en el juicio por las ayudas autonómicas presuntamente fraudulentas concedidas entre 2001 y 2007 y por importe de 8.408.096,42 euros a empresas vinculadas al sector del corcho.

Concretamente, a las compañías Corchos y Tapones de Andalucía (Cortansa), Corchos de Cazalla, Servicios y Mantenimiento de Cazalla, Enoworld y Corchos Higuera, ayudas que se ejecutaron con cargo a la partida presupuestaria 31L del Gobierno socialista andaluz, con la que eran sufragados los innecesarios expedientes de regulación de empleo (ERE), así como subvenciones arbitrarias y sin publicidad.

Los encartados en esta pieza de la macrocausa de los ERE, recordémoslo, son Ángel Rodríguez de la Borbolla, -también exalcalde de Cazalla de la Sierra (Sevilla) por el PSOE-, por su papel de socio mayoritario, administrador único o apoderado de las empresas investigadas; el actual alcalde de Cazalla, el socialista Sotero Manuel Martín Barrero, como partícipe del capital societario y de los órganos de administración de varias de las empresas; el coadministrador de las empresas Rogelio B.M.; un empresario portugués administrador de hecho de varias de las entidades, identificado como Fernando Pedro M.O.; y un responsable bancario identificado como Gerardo C.E.

Las citadas ayudas, según el juez instructor José Ignacio Vilaplana, se otorgaron  «prescindiendo absolutamente de los principios y procedimientos legalmente establecidos para ello, sin fiscalización, justificación ni control previo, y, en definitiva, de forma fraudulenta y arbitraria».

Ayudas «especiales»

Tras las pruebas testificales y periciales celebradas a lo largo del juicio, iniciado a mediados de marzo, el primer acusado en prestar declaración ha sido Ángel Rodríguez de la Borbolla, quien ha manifestado que las subvenciones cosechadas por las citadas entidades «eran absolutamente especiales» y estaban destinadas a empresas «en crisis que reunieran unos requisitos», siendo estos fondos regidos por «un procedimiento absolutamente especial», según sus palabras.

Ello, después de que el día previo, unos peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) advirtiesen de que estas ayudas carecían de un objeto plenamente definido y que las ayudas públicas «no pueden ser incondicionadas».

Según Rodríguez de la Borbolla, tras acudir a la Administración en busca de respaldo institucional fue conducido a la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, toda vez que las ayudas indagadas se encuadran en las subvenciones otorgadas durante el periodo en el que dicho departamento de la Junta de Andalucía estaba comandada por Francisco Javier Guerrero, condenado por el «procedimiento específico» articulado en la Junta para la tramitación de estos fondos y fallecido en 2020.

A colación, ha manifestado que él «conocía» a Guerrero y se reunía con él cuando ambos eran alcaldes socialistas en la Sierra Norte, tomando «después alguna copa», pero ha asegurado que cuando Guerrero asumió la citada dirección general su trato se limitó al de las gestiones y lo institucional, muchas veces a través de su secretaria.

En el área de Guerrero, según ha defendido, le habrían asegurado que el acuerdo de concertación social firmado entre la Junta, la patronal y los sindicatos recogía ayudas para «empresas en crisis» que cumpliesen requisitos como contar con un número de trabajadores y peso económico en su zona de influencia, así como la presentación de documentos como la solicitud de subvención y un plan de viabilidad.

Subvenciones sin motivo

Mientras los peritos de la IGAE avisaban de que la documentación de la tramitación de estas ayudas era «prácticamente nula» por incompleta o por incurrir en omisiones, Rodríguez de la Borbolla ha alegado que entregó «toda la documentación a la secretaria» de la Dirección General de Trabajo tras confeccionarla él mismo. A tal efecto, ha alertado de que los expedientes administrativos de tales ayudas sumados a la investigación «son parciales, incompletos y están mezclados», reconociendo eso sí que no cuenta con la documentación original.

El dinero público obtenido por el citado grupo de empresas, según ha dicho, fue destinado a «pagar deudas» de las mismas con la Seguridad Social, Hacienda, trabajadores o proveedores, así como a «inversiones» de diversa índole, con lo que ha defendido que las ayudas estaban «absolutamente justificadas».

El gasto efectivo de los fondos, según ha manifestado, no fue justificado formalmente ante la Administración andaluza porque aunque los responsables de las empresas beneficiarias preguntaron por ello ante la Junta, y dado que la Administración no requirió tal extremo, la justificación no fue presentada. Verificar la justificación del destino del dinero «era la función de ellos», ha señalado con relación a los responsables del Gobierno andaluz.

Borbolla asegura que se arruinó

En cualquier caso, Rodríguez de la Borbolla ha defendido que «nadie» le hizo «la más mínima indicación» de que se pudiese tratar de ayudas «ilegales» o que mediase algún «incumplimiento» de la legalidad vigente.

Asimismo, ha admitido conocer a los exconsejeros de Empleo del PSOE José Antonio Viera y Antonio Fernández, también condenados por el «procedimiento específico» orquestado para canalizar el conjunto de estas ayudas, precisando que con Viera se «llevaba más bien mal» y ciñendo su trato con Fernández al plano institucional.

Y, especialmente, ha asegurado que ninguno de los socios de las empresas mencionadas cobró «ni un solo euro» en dividendos o dietas por su participación en las entidades beneficiarias de las ayudas cosechadas. Es más, ha asegurado que la participación en las mismas supuso «la ruina para algunos» de ellos. En su caso, según ha aseverado, él acabó «totalmente» arruinado por su participación en estas empresas que, según ha defendido, «mantuvieron la economía de los pueblos» de la Sierra Norte sevillana «todos los años que funcionaron», generando en su conjunto 187 puestos de trabajo.

El acalde de Cazalla

Por su parte, Sotero Manuel Martín Barrero, actual alcalde socialista de Cazalla, ha manifestado que él trabajaba como contable en Cortansa, explicando que su conocimiento de las ayudas cosechadas por el grupo de empresas lo es «a título de registro contable», pues el no habría trabajado con «ninguna documentación» relacionada con la Dirección General de Trabajo. Eso sí, ha asegurado que el dinero obtenido de la Junta fue destinado a «inversiones».

Explicando que no redactó las solicitudes de ayuda ni los planes de viabilidad esgrimidos para cosechar los fondos públicos, Martín Barrero ha manifestado que no celebró reuniones con los responsables políticos de la Dirección General de Trabajo y que en aquella etapa él jamás ostentó ningún cargo público institucional.