Andalucía
Caso Emvicesa

Cuatro ex altos cargos del PP en Ceuta implicados en una trama de corrupción con 53 acusados

La Audiencia juzga la adjudicación irregular de 317 viviendas de protección oficial

Antonio López, ex gerente de Emvicesa, cabecilla de la "organización criminal"

La Fiscalía pide para los imputados casi 280 años de cárcel

La Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta ha arrancado esta semana la vista oral del ‘caso Emvicesa’, la mayor macrocausa de corrupción instruida en la ciudad autónoma, que sienta en el banquillo a 53 acusados, entre ellos ex políticos, empleados públicos y ciudadanos, por su presunta participación en una «organización criminal» dedicada a la adjudicación irregular de viviendas de protección oficial (VPO).

Todo se remonta al año 2015, cuando un periódico local de Ceuta publicó un registro con nombres y apellidos relacionados con supuestos adjudicatarios a los que se les iban a conceder 317 VPO, ubicadas en la zona de Loma Colmenar. El Gobierno Local, presidido en aquel momento por el PP, negó cualquier irregularidad.

A los más de 50 acusados que pasarán por el banquillo de la Audiencia a lo largo de octubre y noviembre se les acusa de presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental, cohecho, organización criminal y blanqueo de capitales. La Fiscalía solicita penas que suman casi 280 años de prisión en un caso que, hasta el momento, es conocido como la mayor trama de corrupción en Ceuta.

Los acusados

El juicio tiene lugar tres años después de que el Juzgado de Instrucción nº 3 de Ceuta dictase auto de apertura de juicio oral, ramificando el caso en cinco niveles de implicación: el cabecilla, los políticos que hacían la vista gorda, los trabajadores de la Empresa Municipal de la Vivienda de Ceuta (Emvicesa), los ‘captadores’ de clientes y los que pagaban por obtener las VPO.

El principal acusado es Antonio López, gerente de la empresa cuando ocurrieron los hechos y también ex diputado autonómico del PP y ex viceconsejero. Se enfrenta a una petición de 26 años de cárcel del Ministerio Público, que también reclama que abone casi seis millones de euros en concepto de multa.

También se sentarán en el banquillo otros cuatro políticos: las ex consejeras de Fomento y Asuntos Sociales, Susana Román y Rabea Mohamed, ambas del PP; el ex portavoz de Caballas, Mohamed Ali; y el que fuera gerente del PP de Ceuta, Jesús María González Barceló.

Los demás procesados se reparten entre cinco presuntos ‘captadores’ de clientes, otros tantos trabajadores de Emvicesa que serían cómplices del cabecilla, los citados políticos que mediaban o miraban para otro lado con sus tejemanejes y 38 ciudadanos que habrían desembolsado dinero para conseguir o intentar hacerse con una VPO irregularmente.

Las escuchas

Según concluyó hace cinco años la jueza instructora, cuya relación personal con el principal investigador policial también denunciarán las defensas, «se sabe que o bien el cabecilla los colaba en la lista de adjudicatarios (no consta que cumplieran los requisitos) o bien entregaba documentos creados falsariamente que parecían conceder derecho a la vivienda (los compromisos)».

El juicio dio comienzo este lunes con la exposición y deliberación de las cuestiones preliminares, que se prevé se demore durante tres días, sobre las pruebas y las condiciones en que se desarrolló una instrucción iniciada en 2015 que apunta a siete presuntos delitos de prevaricación, falsedad de documentos, cohecho, organización criminal y blanqueo de capitales.

Las defensas han intentado durante la primera sesión de la vista atacar las diligencias practicadas para buscar su nulidad por el más de un año que permanecieron bajo secreto de sumario y las «desmesuradas» intervenciones telefónicas que practicó la Policía Nacional, que sustentan buena parte del procedimiento y que, según su criterio, vulneraron «derechos fundamentales».

El Ministerio Público, como la acusación particular, ha defendido que no se produjo ninguna «indefensión» y que los pinchazos fueron la vía «necesaria, justificada y menos restrictiva» para llevar adelante las pesquisas a la luz de los indicios recogidos. Igualmente, han argumentado que la protección del avance de las indagaciones para las partes fue la forma más procedente para velar por el avance de las investigaciones.