La corrupción del PSOE en Sevilla: 70.000 € en una caja de zapatos con IU como intermediario

La corrupción ahoga al PSOE en Andalucía hasta el punto de que los propios ex concejales y ex asesores socialistas están admitiendo estos días en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional y que investiga el ‘caso Madeja’, relativo al Ayuntamiento de Sevilla, que, efectivamente, el partido se lucró con pagos ilegales por parte de la empresa Fitonovo. Sin embargo, estamos conociendo algunas anécdotas que requieren detenerse en ellas para dar cuenta de cómo era la corrupción socialista en Sevilla… Con IU de intermediario.

En su escrito de conclusiones provisionales, la Fiscalía señala que el ex concejal del PSOE en Sevilla, Manuel Gómez, y el ex asesor socialista, Domingo Enrique Castaño, consiguieron que la empresa Fitonovo, «a cambio de las adjudicaciones ilícitas y un permanente trato de favor hacia la empresa», asumiera pagar al PSOE alrededor de 160.000 euros, entre otras cosas para unas obras en la Agrupación Local Macarena.

Respecto a IU, el Ministerio Público detalla que los ex concejales de Izquierda Unida (IU) Antonio Rodrigo y José Manuel García y el ex asesor de IU recibieron de Fitonovo 155.000 euros por numerosas adjudicaciones, como once contratos para poner césped artificial en campos de fútbol. Sin embargo, es más curioso (por llamarlo de alguna manera) si cabe la forma de entrega de parte de ese dinero. Y es que, según la Fiscalía, unos 70.000 euros fueron entregados en mano a uno de estos ex políticos de IU ¡en una caja de zapatos!

Cabe destacar que, durante las cuestiones previas, el PSOE no se ha pronunciado y la defensa de IU, que ha alegado que su supuesta participación habría prescrito, ha negado que el partido recibiese dinero de Fitonovo.

Fitonovo

La Fiscalía describe que Fitonovo creó una infraestructura, tanto operativa como contable, destinada a lograr «contratos públicos irregulares». Mediante la estructura comercial de la empresa, armó una red de contactos con «funcionarios corruptos» que les facilitaban la contratación y estableció una «contabilidad paralela» que se nutría de facturación falsa para, entre otros fines, financiar los «sobornos» a funcionarios públicos.

Casi 20 años de corrupción

La continuidad de las prácticas corruptas entre 1995 y 2013, el amplio ámbito territorial afectado y la multitud de administraciones y funcionarios implicados «llevan a concluir que las prácticas delictivas vinculadas a la obtención fraudulenta de contratos, tanto administrativos como privados, eran un elemento nuclear de la actividad de la empresa, hasta tal punto que ésta puede entenderse como un velo societario de dicha actividad criminal», asegura.

Según la Fiscalía, Fitonovo puso en marcha una trama societaria que, en paralelo a una actividad comercial legal, usó «medios ilícitos» para conseguir las contrataciones, «causando grave daño al interés público», ya que «pervirtieron» numerosos concursos «en detrimento» de las arcas e interés públicos, causando un «grave daño socioeconómico» a las empresas que participaban de forma legal, «al estar en franca desventaja por las prácticas corruptas de la trama», señala, coincidiendo con el juez instructor José de la Mata, que en 2019 abrió juicio oral a 88 personas por las siete piezas del caso.

El Ministerio Fiscal puntualiza que la entrega de comisiones se prolongó durante al menos quince años, por lo que acabó afectando a múltiples administraciones estatales, autonómicas y locales, e involucró en todo el país a un «elevado número de funcionarios y autoridades» de lugares como Sevilla, Córdoba, Jaén, Cádiz, Huelva, Algeciras, Zaragoza, Valencia, Barcelona, Extremadura y Canarias.

Como el pago de comisiones a funcionarios no podía justificarse de forma lícita, añade, Fitonovo tenía una ‘caja B’ que se nutría de facturación falsa con un gran número de empresas suministradoras o proveedoras, operaciones que se registraban en la contabilidad oficial aparentando compras de suministros o de servicios.

El juez instructor atribuyó tanto a PSOE como a IU la condición de partícipes a título lucrativo en la investigación que afecta al Ayuntamiento de Sevilla por beneficiarse de la trama corrupta.