Andalucía
Inmigración ilegal

Así funciona la red de empadronamientos ficticios en Algeciras: los ilegales pagan 300 € y tienen papeles

La investigación comenzó por el incremento de empadronamientos sospechosos en domicilios de la ciudad

La Policía Nacional ha desarticulado una red de empadronamientos ficticios a través de la cual los inmigrantes ilegales abonaban entre 300 y 500 euros a cambio de un documento que acreditaba su residencia en un inmueble que ni siquiera conocían y que, incluso, estaba en ruinas. A todos los detenidos se les imputan delitos de falsedad documental así como el de favorecer a la inmigración irregular. Tres personas han sido detenidas en Algeciras (Cádiz) y los agentes investigan a una cuarta persona.

Según ha explicado la Policía Nacional en una nota, la investigación, iniciada en abril de 2024, se centró en un incremento de empadronamientos sospechosos en domicilios de la ciudad. Así, en uno de ellos, una vivienda en estado ruinoso del barrio de La Bajadilla, figuraba como residencia de 15 personas, la mayoría de nacionalidad extranjera, que carecían de vínculos laborales, sociales o afectivos en la ciudad.

Los agentes comprobaron que al menos 13 de esas personas nunca habían residido en dicho domicilio y habrían pagado hasta 500 euros para obtener un empadronamiento que posteriormente utilizarían como base para tramitar permisos de residencia y trabajo.

La investigación reveló que dos de los detenidos actuaban como intermediarios entre los interesados y los propietarios de las viviendas. Los contactos iniciales se realizaban en cafeterías de la ciudad, donde, tras recibir el dinero acordado, se entregaba la documentación necesaria para formalizar el empadronamiento en la Oficina del Padrón Municipal de Algeciras.

Así, como resultado de las actuaciones policiales se procedió a la detención de tres personas implicadas y se instó al Registro Municipal a dar de baja a las personas empadronadas de manera fraudulenta.

La Policía Nacional ha subrayado que estas prácticas fraudulentas son utilizadas por personas en situación irregular para cumplir con el requisito de permanencia en España. Estas acciones constituyen infracciones graves de la Ley de Extranjería, que pueden ser sancionadas con multas de entre 501 y 10.000 euros. En los casos más graves, las personas implicadas podrían enfrentarse a penas de prisión de hasta tres años, tal y como establece el Código Penal.