Andalucía
Inmigración

Andalucía ya tramita su recurso ante el TC por el reparto de menas pactado entre Sánchez y Puigdemont

La Junta salió de la Conferencia Sectorial sin saber cuántos menores llegarán a la comunidad ni cuánta financiación recibirá

Moreno, "cansado" de las imposiciones del Gobierno, reclama una inmigración "ordenada" y "transparente"

La Junta de Andalucía ha insistido este martes en que acudirá al Tribunal Constitucional para denunciar el reparto de menas que colapsan los centros de Canarias y Ceuta. Tras la reunión de este lunes entre el Gobierno de Sánchez y las comunidades autónomas, la Junta sigue sin saber cuántos menas llegarán a Andalucía y cuánto dinero recibirá para atenderlos.

La portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha asegurado a los periodistas que la Junta mantiene su intención de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el cambio legal –pactado con Puigdemont– que regula el reparto de menas, ya que invade las competencias de las comunidades y no aporta fondos suficientes para hacerse cargo de los menores.

En la Conferencia Sectorial celebrada este lunes –aplazada la semana pasada por el apagón–, el Gobierno central y las CCAA abordaron el asunto, pero la reunión concluyó sin votación. No era vinculante, pero la mayoría de gobiernos regionales iban a mostrar su oposición al texto legal acordado con Junts (Real Decreto Ley 2/2025, de 18 de marzo), que aborda la distribución inminente de los 4.400 menas que saturan los sistemas de Canarias (4.000) y Ceuta (400). La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego (IU), volverá a convocar a las comunidades antes de julio.

La portavoz de la Junta ha lamentado la falta de «consenso» en una reunión en la que «nadie explicó los criterios de reparto». Según cifras oficiosas, Andalucía y Madrid recibirán en torno a 800 menas, mientras que a Cataluña sólo llegarán 26, una fórmula que la Junta considera injusta y anticonstitucional. «Nos han impuesto una decisión que no es equilibrada, aunque las cifras las conocemos por la prensa. Tampoco informan de la financiación», ha lamentado Carolina España. Andalucía, ya colapsada, tiene a unos 2.600 menores inmigrantes a su cargo, el 20% del total nacional, y casi 650 han llegado camuflados como adultos. La Junta gasta 150 euros al día y 4.500 euros al mes en atender a cada uno de ellos.

Sobre el recurso ante el TC, la portavoz del Gobierno andaluz ha adelantado que los gabinetes jurídicos de la Junta están avanzando en su tramitación: «Cuanto esté el recurso preparado y presentado, lo anunciaremos».

Inmigración «ordenada» y «transparente»

Por su parte, el presidente andaluz, Juanma Moreno, ha sostenido este martes desde la Feria de Sevilla que la inmigración ha de ser «ordenada, transparente y cofinanciada con el Gobierno», que «no puede tratar a los menores como si fueran paquetes de Amazon». «Hablan de números muy fríos, y lo hacen sin saber si tenemos capacidad para atender de manera suficiente y digna a todos esos chavales», ha rematado.

Moreno ha recordado que los menores inmigrantes «necesitan atención sanitaria, atención social y formación» que les capacite para su futura «vida laboral», y «todo eso cuesta recursos económicos». «Estamos al máximo de nuestras capacidades y, si el Estado no nos ayuda ni nos auxilia económicamente, es muy difícil asumir con dignidad y con eficiencia a esos menores. Las cosas no se hacen por imposición unilateral», ha zanjado el presidente de la Junta, que se ha mostrado «cansado» de la forma de gobernar de Sánchez, basada en la «imposición permanente».

El pasado 10 de abril, recordemos, el Congreso de los Diputados convalidó el real decreto ley para el reparto de menas, con 179 votos a favor (PSOE y sus socios), 170 en contra (PP y Vox) y la abstención de UPN. El texto legal, fruto de un acuerdo entre el Gobierno y Carles Puigdemont (Junts), modificaba el artículo 35 de la Ley de Extranjería y establecía los criterios para la distribución de los menores inmigrantes, pautas que se debían convalidar este lunes en la Conferencia Sectorial.