Andalucía presupuesta casi 40 millones más para acoger a más menas pese a ser la comunidad más saturada
Andalucía soporta la mayor carga en la acogida de menas y suma 57 millones más para nuevas plazas
El Gobierno de Sánchez niega a Andalucía la condición de región fronteriza mientras aumenta la presión migratoria
La Junta de Andalucía va a seguir ampliando su red de acogida para menores inmigrantes no acompañados (menas), a pesar de ser ya la comunidad autónoma más saturada por el reparto impuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez. Mientras Pedro Sánchez exime a sus socios independentistas del País Vasco y Cataluña, Andalucía sigue asumiendo el grueso de la presión migratoria y se ve obligada a reforzar un sistema al límite.
El pasado 2 de diciembre, el Consejo de Gobierno andaluz aprobó una propuesta para crear una nueva bolsa de 440 plazas de acogida, con un gasto estimado de 36,85 millones de euros. Este refuerzo busca aliviar una red que ha llegado a operar al 95% de su capacidad, en una región que ya cuenta con 2.827 plazas, la cifra más alta del país.
La Consejería de Inclusión también planteó una ampliación de 186 plazas en Granada, con un coste adicional de 20,7 millones, destinadas a menores tutelados, entre los que también se incluyen inmigrantes ilegales. En total, el sistema andaluz ya cuenta con 224 centros de protección de menores, que representan el 16,3% del total nacional.
El real decreto aprobado por el Gobierno de Sánchez sitúa a Andalucía como región clave en la acogida de menas, con una ratio de 32,6 plazas por cada 100.000 habitantes, muy por encima de Cataluña (2.650 plazas) o Madrid (2.325). A pesar de no estar de acuerdo con el decreto, la Junta no ha rechazado su cuota, a diferencia de comunidades gobernadas por partidos separatistas.
Esta ampliación llega mientras Marruecos lanza mensajes velados sobre su capacidad de presionar con la inmigración si el Gobierno de Sánchez cae. El medio oficialista Le360, ligado al entorno del Rey Mohamed VI, ha cargado contra el PP por «ofensiva diplomática y mediática» y ha señalado a Ceuta, Melilla y las costas andaluzas como puntos clave de esa presión migratoria.
Y todo esto ocurre en una tierra que el Gobierno se niega a reconocer como frontera, otorgando esa condición al País Vasco pero no a Andalucía, que tiene más de 1.000 kilómetros de litoral frente a Marruecos y Argelia, y sufre constantes oleadas migratorias en zonas como el Levante almeriense o la costa gaditana.
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