Andalucía aprueba el decreto sobre VTC: sin geolocalización y lejos de estaciones y aeropuertos

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado este martes el Decreto Ley que regula los vehículos de transporte con conductor (VTC) y que modifica, a su vez, la Ley 2/2003 de Transportes Urbanos y Metropolitanos de Andalucía.

El decreto dicta varias medidas a fin de equilibrar la competencia entre ambos sectores: la norma prohíbe la geolocalización previa a la contratación y el usuario sólo podrá saber dónde está el VTC una vez contratado. Tampoco podrá pararlo a mano alzada. Los VTC no podrán circular por las calles a la espera de una contratación y tampoco podrán tener paradas físicas como las de los taxis.

Asimismo, se fijan zonas de protección para que los VTC no puedan aparcar ni circular sin servicio precontratado a 300 metros de aeropuertos, puertos o estaciones de trenes y autobuses, así como a 150 metros de hospitales, grandes centros comerciales y de ocio, paradas de taxis, hoteles de al menos 4 estrellas, sedes judiciales o lugares donde se celebre un evento deportivo, cultural o social.

Los conductores de VTC deberán disponer de un certificado de capacitación profesional y elegir la modalidad de pago (autónomos o contratados) a la Seguridad Social. Además, los ayuntamientos podrán establecer como máximo 52 días al año de descanso obligatorio a los VTC. La norma entrará en vigor el 1 de octubre y los conductores VTC tendrán dos años para adaptarse a las nuevas medidas desde el momento de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

El decreto también determina la estética y las condiciones de los VTC: vehículos negros sin publicidad y antigüedad máxima de diez años. Además, si una empresa posee una flota de más de 100 vehículos, al menos el 5% deberán estar adaptados para personas con discapacidad.

Andalucía cuenta actualmente con el 18,5% de los vehículos VTC en España y la Junta no concederá más licencias de este tipo hasta que no se cumpla el ratio de un vehículo VTC por cada 30 taxis (la media está ahora en 2,7).

«Sin ganadores ni perdedores»

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Marifrán Carazo, ha sostenido en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno que la norma se ha hecho pensando «en el usuario, el consumidor, en el interés general» con la búsqueda de «la seguridad jurídica» y que el texto final sólo ha excluido dos peticiones del sector del taxi: la precontratación con un tiempo de 15 minutos y la eliminación de licencias estatales concedidas a los VTC.

Carazo ha argumentado que la norma entrará en vigor sin que quepa concluir que hay «ganadores y perdedores» dentro de «una regulación equilibrada, sensata en base a la seguridad jurídica», por lo que ha defendido que «este Gobierno ha sido valiente en la regulación de los VTC con el objetivo de dar a los ciudadanos el mejor servicio, permitiendo seguir trabajando a los VTC pero estableciendo requisitos para no dañar al taxi como servicio público, para que se vea reforzado y asegurado». «En ningún momento daña al taxi», ha subrayado.

La consejera de Fomento ha sostenido sobre las peticiones no atendidas del sector del taxi que es conocedor de que la eliminación de licencias han traído consigo «múltiples recursos con reclamaciones patrimoniales millonarias a la Administración».

Carazo, que ha dado cuenta de las consultas al Ministerio de Transportes, del que ha trasladado que «nos ofreció la posibilidad de una moratoria» ante el hecho de que la norma debe entrar en vigor el 1 de octubre por las exigencias de una directiva de la Unión Europea, ha reprochado también que «el Gobierno de España nos dejó la regulación compleja, insegura jurídicamente» por cuanto «una vez más por inacción, cobardía, debía haber abordado la regulación y evitar 17 normas diferentes y la inseguridad jurídica de modelos dispares».

En este contexto de incertidumbre jurídica, Carazo ha apelado a que el Tribunal Supremo afronte recursos para la unificación de doctrina tras pronunciamientos dispares de los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos por cuanto ha habido comunidades autónomas que han regulado la precontratación de 15 a 60 minutos.

La consejera andaluza ha defendido la intensidad del trabajo de su departamento y ha indicado que en las últimas semanas se han celebrado «más de 100 horas de reuniones permanentes buscando el encuentro», que ha querido sumar «a todas las reuniones desde 2019».

La Junta denuncia el «vacío legal»

Carazo ha defendido que «tenemos claro acabar con el vacío legal que ha provocado el Estado» de manera que «los VTC sigan operando» después de esgrimir que «diferenciamos dos actividades garantizando su convivencia, teniendo muy claro que los VTC tienen limitado dar servicio en precontratación, que no pueden circular buscando clientes y que no pueden permanecer estacionados a tal efecto». «La mano alzada en la parada sólo vale para el taxi», ha recalcado.

La consejera de Fomento ha argumentado que «hemos modificado el Reglamento del Taxi para ayudar al sector», con la inclusión de medidas como la contratación por plaza y el pago individual, el precio cerrado, la recogida de viajeros en municipios diferentes, la creación de áreas de prestación conjunta del taxi o la implantación del transporte a la demanda en ámbito rural con taxi, con 46 rutas en 70 municipios andaluces.

«Hasta la llegada de Juanma Moreno el sector no había sido escuchado», ha lamentado Carazo, quien ha instado a «los ayuntamientos a ser partícipes de la vigilancia» del cumplimiento de la norma reguladora de la actividad de los VTC.

A preguntas de los periodistas, Carazo ha defendido que la responsabilidad civil de los conductores de los VTC es competencia del Estado a través de la Dirección General de Tráfico, mientras que en el caso de las competencias sancionadoras municipales ha señalado que «vamos a sentarnos con los ayuntamientos para explicares el contenido».

La consejera de Fomento ha blandido el peso de las consultas al Ministerio en aspectos como que los VTC no puedan circular por las vías ni pueden contratar viajeros estando estacionados, así como las directrices que en ese sentido establece el Reglamento de Ordenación del Tráfico Terrestre.

«No es decisión de la Junta de Andalucía», ha insistido, apuntando que el Ministerio alentó a que la distancia entre la actividad de un taxi y un VTC estuviera «vinculado al espacio» y no al tiempo como reclamaban los taxistas. «No es punto final, seguiremos forjando el marco», ha indicado la consejera sobre la futura convivencia de taxis y VTC.

Cuestionada por la vigencia del ratio 1:30 en la proporción de taxis y VTC, Carazo ha asegurado que «el primer artículo del Decreto Ley no contempla ninguna más hasta que no se respete el 1:30». «Cómo vamos a quitar licencias que no hemos autorizado», ha afirmado, reiterando que la Junta se compromete «a no aprobar nuevas licencias hasta que no se cumpla» el citado ratio.

Las medidas del decreto

El Decreto Ley establece que no habrá más autorizaciones que las que ha concedido el Estado y sólo podrá haber nuevas en un futuro si se cumple la ratio de un VTC por cada 30 taxis.

Se fijan zonas de protección para que los VTC no puedan aparcar ni circular sin servicio precontratado a 300 metros de aeropuertos, puertos o estaciones de trenes y autobuses, así como a 150 metros de hospitales, grandes centros comerciales y de ocio, paradas de taxis, hoteles de al menos 4 estrellas, sedes judiciales o lugares donde se celebre un evento deportivo, cultural o social.

La norma prohíbe la geolocalización previa a la contratación y el usuario sólo podrá saber dónde está el VTC cuando lo contrate.

Los VTC tendrán que aportar más información al registro, sus conductores tendrán que superar los mismos requisitos de capacitación que los taxistas para la profesionalización del sector y la mejor protección de los derechos de los usuarios.

En el Reglamento que desarrolle el Decreto Ley se fijarán características técnicas para los nuevos vehículos VTC, que deben ser de color negro, sin rótulos ni publicidad, mientras que el tamaño del vehículo oscilará entre los 4,5 metros para los de cero emisiones, 4,7 metros para los híbridos-eco y 4,9 metros para los vehículos convencionales.

Los ayuntamientos podrán establecer como máximo 52 días al año de descanso obligatorio a los VTC (uno por semana sin que coincidan con los días de más demanda) y aplicará el régimen sancionador del Estado, mientras otorga a los ayuntamientos la potestad de subir las sanciones a los taxis sin licencia.

La Junta de Andalucía incluirá en el reglamento una regulación de precios que evite tarifas abusivas de los VTC en los momentos de gran demanda. Se podrá establecer una tarifa máxima por proporcionalidad y necesidad y previa audiencia de las organizaciones del sector, de consumidores y usuarios.

Asimismo, se impone a las plataformas intermediarias la responsabilidad indemnizatoria para velar por los derechos del consumidor y tendrán que resarcir al cliente por la cancelación del servicio contratado.