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Andalucía advierte del «atraco social» del Gobierno a los mileuristas con la aplicación del IRPF al SMI

La decisión de gravar el SMI se produce en un contexto de creciente presión sobre el bolsillo de aquellos que ya luchan por llegar a fin de mes

El Gobierno de Pedro Sánchez ha desatado una gran polémica al aplicar, por primera vez, el IRPF sobre el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), a pesar de la reciente subida de 50 euros mensuales destinada a, presuntamente, mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores más vulnerables. Esta medida, lejos de representar un avance social, está siendo calificada como un «atraco social de millones de euros» a los mileuristas andaluces, según ha afirmado este miércoles la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López.

La decisión de gravar el SMI se produce en un contexto de creciente presión sobre el bolsillo de aquellos que ya luchan por llegar a fin de mes. Aumentar el SMI en 50 euros era, en principio, una medida destinada a aliviar la precariedad económica, pero la inclusión de la retención del IRPF implica que el beneficio real para el trabajador se vea significativamente reducido. Loles López dejó en claro que, en la práctica, la subida apenas se traduce en un alivio neto para quienes perciben el salario mínimo, ya que el impuesto les absorbe parte de ese incremento.

En declaraciones contundentes, la consejera criticó a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, acusándola de llevar a cabo políticas fiscales que perjudican directamente a los sectores más desfavorecidos. «Una vicepresidenta hablando de escudo social y la otra, la andaluza Montero, preparando un atraco social de millones de euros a los mileuristas andaluces», expresó López. Según su planteamiento, mientras se alardea de medidas para proteger a los más vulnerables, en la práctica se implementa una política que incrementa la presión fiscal sobre aquellos que más lo necesitan.

Este cambio en la aplicación del IRPF al SMI se enmarca en una serie de decisiones que, según críticos, evidencian una doble moral en la gestión económica del Gobierno. Durante su etapa en Andalucía, la misma ministra aplicó medidas que favorecían el alivio fiscal para los trabajadores con menores ingresos, pero ahora, al modificar el tratamiento impositivo del SMI, se observa una clara desviación en la política pública. De acuerdo con López, esta medida es un reflejo de un sistema fiscal regresivo, en el que los beneficios de las subidas salariales se ven empañados por la carga impositiva adicional, afectando de forma directa a los trabajadores que ya se encuentran en una situación precaria.

La crítica se centra, además, en la incoherencia del discurso oficial. Loles López exigió a la ministra Montero que aclare cómo es posible sostener públicamente que «sólo se suben los impuestos a los ricos» cuando, en realidad, el SMI, que debería ser una herramienta para combatir la desigualdad, se transforma en una fuente de recaudación a costa de los trabajadores menos favorecidos. «Queremos una explicación clara y transparente de cómo se justifica esta medida que, a todas luces, recae sobre los hombros de quienes apenas logran llegar a fin de mes», declaró la consejera en un tono que no dejó lugar a dudas sobre su descontento.

Aunque la jornada de López incluyó una visita al Centro Municipal de Información a la Mujer (CMIM) de La Palma del Condado (Huelva) –un espacio cofinanciado por el Instituto Andaluz de la Mujer y valorado por su labor de apoyo integral a las mujeres rurales y víctimas de violencia de género– la principal controversia sigue siendo la política fiscal. La visita al CMIM sirvió, en parte, para resaltar la importancia de contar con servicios sociales que protejan a la ciudadanía, pero para López, el verdadero problema es el impacto negativo que la medida sobre el SMI tendrá en la economía de miles de familias andaluzas.

En definitiva, la aplicación del IRPF sobre el SMI representa, para muchos, una muestra más de cómo las políticas fiscales del Gobierno de Pedro Sánchez están diseñadas para beneficiar a unos pocos, mientras que los sectores más vulnerables terminan pagando un alto precio. La medida, lejos de ayudar a los trabajadores, podría convertirse en un lastre adicional para aquellos que ya viven con recursos muy limitados. Ante esta situación, Loles López ha dejado claro que es urgente reorientar la política fiscal hacia un enfoque verdaderamente justo y progresivo, que no penalice a quienes dependen del salario mínimo para subsistir.