Adelante Andalucía blanquea la okupación a viviendas de bancos: «Echaron a las familias»

Adelante Andalucía sigue con su campaña de blanqueo de la okupación, pese a que la comunidad en la que hacen política es la segunda con más okupas de España. Una de cada seis viviendas que se usurpan en nuestro país se encuentra en una región en la que su izquierda más radical, liderada por Adelante Andalucía, blanquea este tipo de delitos, señalando, por ejemplo, que los okupas son víctimas del sistema o que los medios se encuentran en una campaña para criminalizarlos.

Nacho Molina, de Adelante Andalucía, ha culpado este lunes a las empresas de seguridad de estar detrás de una supuesta campaña de los medios para denunciar la okupación: «Las empresas de seguridad se ponen las botas con enormes campañas de captación».

Sin embargo, sus palabras más duras son las siguientes: «La inmensa mayoría de las ocupaciones son vivienda vacías de bancos. Los mismos que echaron a las familias, los mismos que recatamos con 74.000.000.000€ de dinero público. Los mismos». Un comentario, que parece decir que siempre y cuando la vivienda sea de un banco, se puede okupar.

Sea como fuere, sólo Cataluña, con 3.661 viviendas okupadas en el primer semestre del año, supera a Andalucía, que suma 1.183, muy por encima de Madrid, la tercera en discordia con 657. Cabe recordar, en este sentido, que el propio Ministerio del Interior señala que estas son únicamente las denuncias, es decir, que en Andalucía no se produjeron 1.183 viviendas realmente, sino que se denunciaron 1.183. En muchos casos, según explican los expertos, las okupaciones no llegan a ser denunciadas dado que se llega a algún tipo de acuerdo con los delincuentes o se contrata a algún tipo de empresa privada para desalojar a los usurpadores.

Valencia, con 566 denuncias de okupación entre enero y junio de este año, es la cuarta comunidad con más delitos de este tipo, por delante de Castilla-La Mancha, con 296.

Tal y como explican desde Idealista, «acudir a la vía judicial ya sea por lo penal o por lo civil supone recuperar el piso más de un año después de la ocupación, además del coste del proceso judicial y el de las reformas de la propia vivienda».