Los diputados presos dicen en la declaración oficial de actividades que su ocupación es la de «presos políticos»

«Preso político». Con estas dos palabras, los diputados independentistas presos firmaron su declaración de actividades en el Congreso de los Diputados. Fue el pasado lunes, cuando Oriol Junqueras, Josep Rull, Jordi Turull y Jordi Sànchez, acudieron a cumplimentar la documentación necesaria para tomar posesión de su escaño el día siguiente. Así lo confirman a OKDIARIO fuentes próximas a los dirigentes catalanes.

Aunque el reglamento del Congreso no obliga a hacer estos trámites presencialmente, el juez Manuel Marchena les autorizó a acudir a la Cámara Baja para cumplimentar los documentos. Los presos aprovecharon entonces para reivindicar su percepción de la situación de privación de libertad en la que se encuentran en los documentos que la Cámara exige cumplimentar a sus miembros.

Todos los diputados, tanto al inicio de la legislatura como a lo largo de ella si se produce alguna modificación, tienen la obligación de cumplimentar y entregar al Congreso una declaración de actividades y bienes en la que manifiesten si, además de su condición de diputados, tienen alguna otra ocupación e ingresos y cual es el patrimonio del que disponen al acceder al cargo.

El documento, firmado por los propios diputados, debe estar disponible en la página web del Congreso de los Diputados, concretamente en la ficha de cada parlamentario.

Actualmente, las declaraciones de actividades de los diputados que, este martes, acataron la Constitución en la sesión constitutiva del Congreso, no son aún públicas. Para ello, es necesario que la  Mesa las valide y dé el visto bueno a su publicación. Será entonces cuando estarán accesibles para toda la ciudadanía, como determina la Ley de Transparencia.

Reunión de la Mesa

Oriol Junqueras (ERC), Josep Rull, Jordi Turull y Jordi Sànchez (Junts per Catalunya) mantendrán la condición de diputados hasta que la Mesa del Congreso o el Tribunal Supremo decida ejecutar la suspensión de sus cargos en base a la Ley de enjuiciamiento criminal o al Reglamento del Congreso.

La atención se sitúa ahora en la Mesa del Congreso, el órgano que este jueves debatirá sobre esa suspensión.

La presidenta del Congreso de los Diputados, Merixell Batet, solicitó este miércoles por escrito -y a través del presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes- un informe del Tribunal Supremo sobre la suspensión de los presos diputados.

Batet pide que la Sala de lo Penal -competente para juzgar a los cinco políticos catalanes acusados de sendos delitos de rebelión y sedición- interprete el alcance del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), en lo relativo a la suspensión inmediata de los mismos.

Se trata de que el Supremo aclare los términos en los que ha de interpretarse la norma y delimitar las responsabilidades institucionales de la Cámara Baja, y la Mesa encargada de regir el funcionamiento de la misma, en una cuestión sobre la que, inicialmente, los siete magistrados, con el juez Marchena a la cabeza, han evitado pronunciarse.

Dicho artículo es una norma de obligado cumplimiento -a partir de la prevención recogida, a su vez, en el artículo 9 de la Constitución Española- para la inmediata suspensión de los parlamentarios si concurren, como en este caso, las dos condiciones que exige dicho precepto: la existencia de un auto de procesamiento firme por delitos de rebelión, o terrorismo, y una situación de prisión preventiva para los diputados y senadores sobre los que pese dicha acusación formal.