Marlaska rechaza que el Gobierno no cumpla en el rescate de inmigrantes y carga contra las mafias

Fernando Grande-Marlaska rechaza con rotundidad que España no cumpla adecuadamente en el rescate de inmigrantes. El ministro del Interior ha negado con firmeza este jueves que el Gobierno haya introducido cambios en la forma de actuar en los rescates a inmigrantes que se encuentren en pateras en el mar. También ha asegurado que España «cumple» escrupulosamente en este aspecto con los «compromisos internacionales».

Marlaska ha sido claro al afirmar que «no hemos cambiado la forma de rescatar, España es el país que más rescata», tras ser preguntado por el hecho de que diversas ONG y entidades hayan criticado al Gobierno de Pedro Sánchez tras fallecer 22 migrantes que estaban a la deriva en el Mar de Alborán.

«A quienes hay que responsabilizar de esto es fundamentalmente a las mafias que trafican con estos migrantes», ha recalcado Grande-Marlaska, que ha aseverado que no puede «admitir» que se cuestiones la labor del Gobierno español en materia de salvamento.

El ministro ha subrayado que España «sigue» cumpliendo sus responsabilidades, pero también, en cooperación con Marruecos, se está «luchando» contra las mafias que trafican con seres humanos. «Por supuesto estamos cumpliendo con nuestras obligaciones de rescate y humanitarias, lo cual nunca hemos dejado de hacer», ha insistido.

Para el ministro, es «contra las mafias contra lo que hay que luchar» y a las que hay que señalar. «Lo que no entiendo es que no haya una condena efectiva y manifiesta de esas mafias que trafican, que les esclavizan antes de lanzarles al mar, y que luego igual hacen un seguimiento sobre ellos», ha apostillado.

Según ha subrayado, algunas de esas mafias «arrojan al mar» a estos migrantes «en condiciones absolutamente imposibles de viabilidad, con lo que es difícil proceder al rescate.

Grande-Marlaska ha remarcado que sigue «al minuto» las noticias sobre esa veintena de desaparecidos y ha recordado que Salvamento Marítimo rescató el año pasado a «60.000 personas». El Gobierno actual, según ha defendido, está desarrollando una «política real de inmigración» en cooperación con los países de origen y de tránsito y bajo los «parámetros de los derechos humanos».