El jurado declara culpables de asesinato a los padres de los niños de Godella

Un jurado popular ha declarado culpables de asesinato a Gabriel y María, la pareja acusada de acabar con la vida de sus dos hijos, Amiel, de tres años y medio, e Ixchel, de apenas seis meses, en un ritual practicado en una casa de campo de Godella (Valencia) en marzo de 2019.

Así lo ha decidido tras un juicio que comenzó el pasado 31 de mayo en la Audiencia Provincial de Valencia y que ha concluido este jueves con la lectura del veredicto de culpabilidad por parte del jurado. El tribunal popular ha considerado probado, por mayoría de siete votos a dos, que Gabriel dio muerte a sus hijos sin posibilidad de defensa y por unamidad que también lo hizo la madre.

El jurado, que justifica su decisión en pruebas documentales, las propias declaraciones de los acusados, periciales y las testificales oídas durante la vista, también ha rechazado la posibilidad de que los padres obtengan ningún beneficio como el indulto.

A la vista del veredicto, el fiscal ha anunciado que mantiene su petición de penas para la pareja: 50 años de cárcel para Gabriel por dos delitos de asesinato con la circunstancia agravante de parentesco, mientras que para la mujer, María, solicita una medida de internamiento médico al apreciar la eximente completa de anomalía psíquica.

Fiscalía solicita, además, en materia de responsabilidad civil, el pago de una indemnización para los abuelos paternos y maternos de 300.000 euros por los daños morales ocasionados. El representante del ministerio público afirmó, en la primera sesión del juicio, que esta era la vista «más brutal» en la que había tenido que participar a lo largo de su dilata trayectoria.

La defensa de Gabriel

La defensa de Gabriel, por su parte, ya ha anunciado la presentación de un recurso contra la decisión del jurado y la sentencia que se imponga por la Audiencia ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Con independiencia de este recurso, ha reclamado para su cliente la pena mínima prevista para supuestos como este, habida cuenta además de que «no ha habido unanimidad» en el jurado en relación con Gabriel, según ha avanzado. «Ha sido por la mínima», por lo que ha habido «debate» sobre su culpabilidad, ha indicado el letrado Arturo Peris en declaraciones posteriores, en las que ha apuntado que confía en los magistrados del TSJCV, que son jueces profesionales.

Por su parte, la defensa de María, que no se ha pronunciado sobre si presentará recurso ya que adoptará la decisión a la vista de la sentencia final, ha pedido que la medida de seguridad que se acuerde sobre la acusada se imponga por máximo de siete años dado el estado en el que se encuentra su defendida y su ingreso en un centro psiquiátrico adecuado a esa situación.

En este sentido, ha avanzado que se presentará al tribunal el lugar donde se ha encontrado plaza para esté «en condiciones adecuadas». De hecho, en declaraciones posteriores a los medios, Luisa Ramón, la abogada, ha precisado que tiene que ver la motivación de la sentencia antes de tomar una decisión sobre un posible recurso, pero ha destacado que el objetivo fundamental es que ella «se ponga bien», al tiempo que se ha mostrado «absolutamente de acuerdo» con la condena de Gabriel.

La letrada, que se ha abrazado con su clienta al término de la vista, ha indicado que todos los días se dan un abrazo porque hay una relación muy buena y que hoy ha querido tranquilizarla y decirle «que no se preocupe por nada, que vamos a ayudarla a curarse, que está en vías de ello y que su vida va a continuar y de las mejores maneras posibles porque tiene un apoyo grandísimo de familia, amistades y de abogada».

Los forenses que examinaron a Gabriel descartaron que sufriera alguna enfermedad mental y afirmaron que no padecía «ni alucinaciones ni ideas delirantes» y que aunque buscaron indicios de un trastorno de personalidad o enfermedad mental, no la hallaron. Sobre la acusada, concluyeron que sufre esquizofrenia paranoide, que la droga y su pareja le afectaban a su estado de salud y que siempre ha mantenido un relato coherente de lo que ocurrió la noche en la que murieron los menores.

«Respeto»

Por su parte, la madre de María ha confirmado que el veredicto es lo que esperaba la familia, pero ha pedido «respeto» hacia su hija. «Pido que tratéis a María como lo que es, una enferma, está enferma, mucho y merece un respeto», ha dicho, al tiempo que ha lamentado lo que ha calificado de «maltratado durante dos años» tanto a la acusada como a la familia por parte de los medios.

Según el relato fiscal, los acusados eran pareja de hecho desde 2011 y, tras vivir en diversos lugares de Europa y España, en torno a los meses de febrero-marzo de 2017 se instalaron en una casa de campo de Godella que ocuparon ilegalmente y arreglaron para hacerla habitable.

La pareja compartía creencias místicas-religiosas y, así, creían en la regresión, en la purificación de las almas mediante baños de agua y en el renacimiento de las almas tras la muerte de los cuerpos. Estas creencias, inicialmente profesadas por el hombre y «se las metió en la cabeza a María».

Según el fiscal, entre las 22 horas del 13 se marzo de 2019 y las 4 horas del día siguiente, los acusados, actuando de común acuerdo, primero bañaron en la piscina de la casa a los menores para purificarlos y posteriormente les propinaron multitud de violentos golpes, fundamentalmente en la zona de la cabeza, bien con un objeto contundente o bien contra el suelo.

Como consecuencia de la agresión, los niños sufrieron sendos traumatismos craneoencefálicos, con múltiples fracturas craneales y lesiones encefálicas que les provocaron la muerte.

Tras ello, enterraron los cuerpos sin vida en diferentes sitios de la parcela donde se ubicaba la vivienda. En ese momento la mujer padecía una esquizofrenia de tipo paranoide, que se encontraba en fase de brote agudo, que anulaba las bases psicobiológicas de su inteligencia y voluntad.