El juez investiga si Ana Julia drogó al pequeño Gabriel Cruz antes de matarlo

El magistrado Rafael Soriano ha ordenado la práctica de diligencias para esclarecer si Ana Julia Quezada, autora confesa de la muerte del niño de ocho años Gabriel Cruz, suministró drogas al pequeño después de llevárselo el 27 de febrero cuando salió de la casa de su abuela en Las Hortichuelas, en Níjar (Almería), ya que la Guardia Civil halló ansiolíticos durante el registro del vehículo en el que encontraron el cuerpo sin vida del pequeño 13 días después en Vícar.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) han confirmado a Europa Press que el titular del Juzgado de Instrucción 5 de Almería ha pedido que se averigüe si hay trazas de esta sustancia en el cadáver de Gabriel para determinar si fue drogado o, por el contrario, los fármacos encontrados eran «para consumo propio» de Quezada.

Será la ampliación del informe preliminar de autopsia el que determine este extremo una vez que el Instituto Nacional de Toxicología de Sevilla remita al juzgado el resultado de los análisis de las muestras biológicas remitidas desde el IML de Almería.

Cabe recordar que los forenses concluyeron que el niño falleció por «asfixia mecánica» el mismo día en el que se perdió su rastro.

Tal y como adelanta este martes el diario ‘La Voz de Almería’, esta diligencia es «muy importante» en la calificación del delito de detención ilegal y desmontaría la versión ofrecida por Ana Julia Quezada, quien afirmó que el menor se subió voluntariamente en el coche sin necesidad de utilizar la fuerza y sin engaño si bien el juez considera acreditado de manera indiciaria que actuó en todo momento en base a un «macabro plan criminal».

En su auto de ingreso en prisión, el magistrado Rafael Soriano sostiene que la mujer, de 43 años y origen dominicano, trazó un «macabro plan criminal» y luego se intentó dotar de una coartada —que hubo una discusión previa con el menor—, que tanto la Guardia Civil como el propio juez instructor desmontan en base a las pruebas recabadas. Entre estas pruebas figuran «expresiones vejatorias» vertidas por la asesina confesa contra el menor.

«Resulta presuntamente incuestionable la participación de la detenida Ana Julia Quezada en la muerte del menor y se infiere una malvada voluntad dirigida especialmente a asegurar la comisión del crimen», recoge la motivación del auto de ingreso en prisión, que señala que este extremo es lo que llevó a que el Ministerio Público calificase los hechos como asesinato con alevosía.

El juez indica que, como parte de ese «macabro plan criminal», se intentó dotar de una coartada haciendo labores de pintura en la finca de Rodalquilar, en Níjar. Ana Julia «dio una falsa apariencia de preocupación por la desaparición y suerte del niño», al que se llevó «mediante engaño o promesa de devolverlo prontamente a jugar».

«Mantuvo el engaño a lo largo de los días, aumentándolo hasta el punto de colocar ella misma una camiseta del menor en el monte», subraya el juez, lo que achaca a su deseo de «despistar a los agentes de la autoridad que practicaban la búsqueda» hasta encontrar el «momento» de poder «hacer desaparecer el cuerpo».

El magistrado Rafael Soriano apunta que Ana Julia Quezada «aprovechó un momento temporal en que sabía que iba a estar a solas con el niño», al que mató asfixiándole, y destaca que enterró su cuerpo sin vida en un «hoyo que previamente había hecho con una pala» y luego quiso deshacerse del cadáver en un invernadero de acuerdo a las escuchas acordadas por el juzgado instructor y cuyo contenido está en una pieza separada.

«Las pruebas revelan, presuntamente, una falta de sentimientos y humanidad que ella misma ha calificado, que, de ser ciertas, serían de pura crueldad», remarca el juez, que mantiene el secreto de las actuaciones.

El juez instructor considera que Ana Julia Quezada actuó guiada por «una malvada voluntad» y destaca, asimismo, la existencia de «abrumadoras pruebas contra ella» al tiempo que se refiere no solo «a que ella misma ha reconocido el luctuoso suceso» sino también a las intervenciones acordadas judicialmente y a las pruebas recopiladas por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.