La ex pareja de Juana Rivas pide 5 años de prisión para ella por la «sustracción» de sus hijos

La ex pareja de Juana Rivas, el italiano Francesco Arcuri, ha solicitado para ella cinco años de prisión y ocho años de inhabilitación para ejercer la patria potestad sobre los dos hijos que tienen en común en la causa abierta contra esta madre de Maracena (Granada), después de que permaneciera casi un mes ilocalizable incumpliendo la orden judicial que le obligaba a entregar a los niños al padre para que regresaran a Italia.

Arcuri, que ejerce la acusación particular en la causa, atribuye a Juana Rivas dos delitos de sustracción de menores, por los que solicita la pena antes citada o, subsidiariamente, un delito de desobediencia de orden judicial por el que pide nueve meses de prisión y el mismo periodo de inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad.

En concepto de responsabilidad civil, el padre de los menores reclama que Juana Rivas le abone por los «daños materiales y morales ocasionados» una indemnización de 30.000 euros, más intereses, según consta en el escrito de acusación provisional presentado ante el Juzgado de Instrucción 2 de Granada.

La petición de cinco años de cárcel coincide con la formulada por la Fiscalía, pero eleva la inhabilitación especial para la patria potestad por entender que la gravedad de las acciones de Juana Rivas y «el efecto que ha producido en sus descendientes, la harían merecedora de una respuesta ampliada en este particular».

El padre de los niños, de tres y 11 años, sostiene que su ex pareja les mantuvo «voluntaria, deliberada e injustificadamente» en paradero desconocido durante un mes –desde el 26 de julio hasta el 28 de agosto de 2017– con la ayuda de terceras personas que no han sido identificadas y que incumplió las resoluciones judiciales que le obligaban a devolvérselos, pese a «tener pleno conocimiento» de ellas.

Arcuri, que está representado en España por el abogado Enrique Zambrano, señala en su escrito de acusación que Juana Rivas se fue de Carloforte (Italia) con los niños el 18 de mayo de 2016 con la intención de pasar unos días de vacaciones en Maracena (Granada). Hasta ese momento, según incide, «no estaban separados» y vivían junto a sus dos hijos, de los que ejercían conjuntamente sus derechos de custodia.

Su día previsto de vuelta era el 27, pero llegado el momento, «excusándose en una situación pasajera de enfermedad de los menores, rehusó volver al domicilio familiar», alegando posteriormente que no podía retomar la relación con él.

«A finales de julio de 2017, a sabiendas de la falta de competencia de los juzgados españoles, para justificar esa conducta unilateral, interpuso demanda de guarda y custodia sobre los menores», algo que no comunicó a Arcuri, como tampoco la denuncia a su juicio «instrumental» que le interpuso a mediados de julio de 2016 en el Juzgado de Violencia sobre la mujer número 2 de Granada por presuntos malos tratos.

«Ante la negativa de Juana Rivas a devolver a los menores», Arcuri promovió el 22 de agosto un procedimiento ante el Ministerio de Justicia de Italia conforme al Convenio de la Haya, tras lo que el Estado Italiano hizo un requerimiento a España que desencadenó una demanda de sustracción internacional de menores. El procedimiento se saldó con una sentencia del Juzgado de Primera Instancia 3 de Granada en la que se ordenó la inmediata restitución de los menores a Italia.

A ésta le siguieron otras resoluciones que ratificaron esta decisión y que requerían el cumplimiento de esta sentencia fijando fecha y hora para la entrega de los niños, las cuales Rivas incumplió.

Anunció que no los iba a entregar

Para la acusación particular, sus actuaciones «demuestran sin duda alguna» que tenía «pleno y absoluto conocimiento de las citadas resoluciones» y se refiere en este sentido a uno de los vídeos que la propia Guardia Civil aporta a estas actuaciones, cuando un día antes de desaparecer con los niños, Juana «anuncia con luz y taquígrafos en una multitudinaria rueda de prensa cuál va a ser su posterior actuación: no entregar a los niños», agrega el escrito.

La acusación también aporta entrevistas de la madre de Maracena en los medios donde «reconoce plenamente el conocimiento de la orden de entrega en el punto de encuentro familiar al día siguiente e incluso hace una serie de manifestaciones de su decisión de no entregar a los menores».

La expareja de Juana Rivas argumenta que todos estos hechos le «causaron un evidente perjuicio económico y personal», pues por un lado se privó «injustificadamente» a sus dos hijos y a él de «poder relacionarse de forma normalizada conforme a las diferentes resoluciones» dictadas, perjudicando las relaciones paterno filiales.

Junto a ello, añade, tuvo que «soportar las incontables actuaciones en medios de prensa» de Rivas o en su nombre terceras personas «amparadas en la aparente justificación de lo que estaba haciendo aquí descrito, desacreditándolo públicamente», algo que ha causado «un daño prácticamente irreparable a su persona». A lo que suma los «cuantiosos gastos que ha debido asumir para accionar judicialmente, en la defensa de los derechos de sus hijos».

De cara al juicio, la defensa de Arcuri solicita, entre otras, las testificales de su cliente mediante videoconferencia, y de la asesora jurídica de Juana Rivas en el Centro Municipal de la Mujer de Maracena, Francisca Granados; así como la reproducción de diversas declaraciones y archivos digitales aportados por la Guardia Civil a la causa.

Nuevos frentes abiertos

Por otra parte, el abogado de Arcuri ha anunciado en un comunicado su personación en el procedimiento abierto después de que Juana Rivas haya interpuesto una denuncia por supuesto falseamiento de datos y documentos de los menores.

Agrega que aportarán toda la documental necesaria, sobre la cual el Consulado General de Italia en España, así como el Ayuntamiento de Carloforte, acreditarán, afirma el letrado, «no sólo la nacionalidad italiana de los menores, sino que los mismos poseen carta de identidad, que fue solicitada como ordena la norma italiana, o sea, por ambos padres, y que Rivas suscribió de forma personal dicho trámite».

Ha defendido que «el único interés que mueve y moverá a Arcuri es el superior beneficio de sus hijos, para que sigan con la estabilidad y tranquilidad que ahora mismo disfrutan».

El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada celebrará además el próximo 7 de febrero una nueva vista en el caso de Juana Rivas por daños y perjuicios a su expareja en relación a los gastos que tuvo que asumir al viajar a España y hacer efectivo el retorno de sus dos hijos a Italia, según han informado a Europa Press fuentes del caso.

La vista, que se celebrará en la sala Luis Portero del edificio judicial de La Caleta, servirá para fijar los conceptos que Juana Rivas deberá abonar a Arcuri y ambos declararán o no en la medida en que lo soliciten las partes. No obstante, la defensa del italiano ya ha pedido la cooperación internacional necesaria para que, en ese caso, pueda hacerlo por videoconferencia.

La medida viene de la sentencia que el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada emitió en su día obligando a Juana Rivas a la restitución de los menores.

En esta resolución, también fue condenada al «abono de las costas del procedimiento, incluidas aquellas en que haya incurrido el solicitante, los gastos de viaje y los que ocasione la restitución o retorno de los menores al Estado de su residencia habitual con anterioridad a la sustracción».