El traspaso de la sanidad penitenciaria lleva 18 años sin alcanzar por completo al conjunto del Estado

El Sindicato de Enfermería, Satse, ha denunciado que el Gobierno sigue priorizando los intereses económicos por encima de la salud de las personas y, por ello, «no llegan a los acuerdos que permitan el traspaso de la sanidad penitenciaria en el conjunto del Estado».

Satse, que se ha vuelto a dirigir por carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre este asunto, subraya que la situación sigue casi «en el punto de partida», aunque hayan transcurrido ya más de 18 años desde que se adquirió el compromiso de que la atención sanitaria y las condiciones laborales de los profesionales que prestan sus servicios en las prisiones serían competencia de los gobiernos autonómicos.

En este sentido, el Sindicato de Enfermería recuerda que, salvo en el caso de País Vasco, Cataluña y Navarra, las personas privadas de libertad en las restantes autonomías siguen sufriendo una precaria atención sanitaria y cuidados, motivada en gran parte por las difíciles y penosas condiciones laborales que tienen los profesionales sanitarios que trabajan en los centros penitenciarios, especialmente las enfermeras y enfermeros.

La última información pública al respecto de la que tiene Satse conocimiento, en base a una respuesta parlamentaria, es del 1 de junio de 2021, cuando desde el Ministerio del Interior se afirmaba que se habían retomado, después de la pandemia, «una serie de actuaciones» con las diferentes comunidades autónomas para propiciar el traspaso de la sanidad penitenciaria. Apuntaba, en concreto, que se estaba trabajando con los gobiernos de Baleares, Andalucía y Aragón.

De otro lado, el Sindicato recalca que el hecho de que sea aún el Ministerio del Interior el que gestione la sanidad penitenciaria en 14 de las 17 comunidades autónomas conlleva duplicar sin sentido numerosos recursos, falta de comunicación y coordinación con los servicios de salud correspondientes y, en el caso de los profesionales, una clara e injustificable discriminación al no tener las mismas condiciones laborales y profesionales que sus compañeros y compañeros dependientes de las autonomías.

Satse recuerda que durante los últimos años han sido múltiples las mociones, proposiciones no de ley y otro tipo de iniciativas presentadas por diversos grupos parlamentarios, en las que se insta al Gobierno a transferir la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas, «y que, una tras otra, han caído en saco roto», concluye.