La sanidad privada denuncia discriminación en el acceso a antivirales orales frente al Covid

Para Carlos Rus, presidente de la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), existe una discriminación en el sector privado para acceder al primer medicamento autorizado -provisionalmente- por la Unión Europea para tratar el Covid en adultos que no requieren aporte de oxígeno suplementario y que tienen un riesgo alto de progresar a formas graves de la enfermedad.

El medicamento se prescribe mayoritariamente en el ámbito de la atención primaria y en la actualidad se está dispensando en los hospitales en la mayoría de las comunidades autónomas. En Andalucía, Aragón, Cataluña y Navarra también puede dispensarse en farmacias comunitarias.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) formulaba el pasado mes de abril una recomendación firme a favor del uso de nirmatrelvir y ritonavir en pacientes con formas leves y moderadas de COVID-19 que corren un riesgo elevado de ingreso hospitalario, y los ha descrito como «la mejor opción terapéutica hasta la fecha en pacientes de alto riesgo». Sin embargo, varios elementos (como la disponibilidad, la falta de transparencia sobre los precios en los acuerdos bilaterales concertados por el productor y la necesidad de realizar pruebas rápidas y precisas antes de administrar el medicamento) han hecho que este medicamento, que tantas vidas podría salvar, sea un problema importante para los países de ingresos bajos y medianos.

En su comunicado, la OMS lamenta que «la falta de transparencia de la empresa productora dificulta que las organizaciones de salud pública se hagan una idea precisa de la disponibilidad del medicamento, de los países con acuerdos bilaterales y de los precios pagados».

La preocupación de ASPE es la del sector sanitario privado que, el pasado mes de mayo, trasladaron a la secretaria de estado de sanidad, Silvia Calzón. También han solicitado una reunión con la directora general de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, Patricia Lacruz, «la cual todavía no se ha producido», indica.

La situación no ha cambiado desde entonces. En el sector lo achacan a «la inexistencia de un criterio único de distribución a nivel estatal, aquellos grupos poblacionales que han optado por la atención en la sanidad privada no pueden ser beneficiarios del fármaco, salvo en el caso de los mutualistas (MUFACE, MUJEJU e ISFAS)».

«Lo que pedimos es que el Ministerio de Sanidad lleve a cabo las acciones necesarias para que todos los profesionales sanitarios, ajustándose al protocolo marcado por la Agencia Europea del Medicamento (EMA), puedan prescribir este y otros medicamentos de tipo antiviral contra la enfermedad para que todos los pacientes, independientemente de donde sean atendidos, puedan acceder a él, ya que solo el criterio común garantiza la protección de la salud de la ciudadanía en su conjunto», añade Rus.

Un protocolo de administración

La Sociedad Española de Farmacia Clínica, Familiar y Comunitaria (SEFAC) ha publicado recientemente un protocolo de actuación para la dispensación en farmacias comunitarias de Paxlovid.

La sociedad científica recuerda que se considera pacientes de alto riesgo, principalmente, a personas inmunocomprometidos, independientemente de si están vacunados o no: pacientes trasplantados, pacientes oncológicos, en hemodiálisis, con VIH, etc.

Además, apunta que el medicamento también está indicado en personas mayores de 80 años no vacunadas, así como en personas mayores de 65 años no vacunadas con al menos un factor de riesgo para progresión y personas vacunadas (>6 meses) con >80 años y con al menos un factor de riesgo para progresión. Entre esos factores de riesgo se pueden citar enfermedad renal crónica, enfermedad hepática crónica, enfermedad neurológica crónica o pulmonares crónicas, enfermedades cardiovasculares, diabetes con afectación de órgano diana u obesidad.