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competencia exclusiva del Estado

El PNV arremete contra Mónica García tras anular el Supremo la homologación de títulos extranjeros

La expedición de títulos profesionales asociados a enseñanzas universitarias es competencia exclusiva del Estado y también la homologación

 

El pasado viernes, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo dictó una sentencia que ha desatado una tormenta política en el País Vasco. El alto tribunal anuló en su totalidad el Real Decreto 366/2024, que traspasaba a la Comunidad Autónoma vasca las competencias sobre la homologación y declaración de equivalencia de los títulos obtenidos en sistemas educativos extranjeros a los títulos universitarios oficiales españoles. Esta decisión, que ha sido recibida de forma dispar por los principales actores políticos vascos, pone en evidencia las tensiones sobre el autogobierno y el Gobierno de Pedro Sánchez al plegarse a todas sus peticiones a cambio de votos parlamentarios.

Así, EH Bildu ha instado a activar un nuevo estatus político en el País Vasco, mientas el PSE-EE aún analiza la decisión y el PP se alinea claramente con la decisión del Supremo. En este contexto, el consejero vasco de Salud, Alberto Martínez, ha señalado directamente a la ministra de Sanidad, Mónica García y le ha exigido «reaccionar y actuar» con responsabilidad tras el fallo del Supremo, porque «necesitamos la homologación de títulos de medicina y especialidades con urgencia».

Pero por qué el Partido Nacionalista Vasco (PNV) ha reaccionado de manera contundente ante la decisión del Tribunal Supremo, calificándola de «mala noticia» para su comunidad. En principio porque como ocurre en Cataluña, han vendido que su sistema sanitario era de los mejores de España algo que los datos no corroboran de la misma manera hasta el punto que ha exigido a la ministra de Sanidad, Mónica García, avanzar en la «adopción urgente» de las medidas de competencia ministerial que el País Vasco considera imprescindibles para solucionar «el problema del déficit de médicos y médicas en el sistema sanitario público».

Desde el Partido Popular, y respondiendo directamente a la interpelación del PNV, la parlamentaria Laura Garrido ha expresado que «defender el autogobierno es hacer las cosas bien» y, en el caso de esta anulación del traspaso, «cuando se entromete donde no le llaman, pasan estas cosas».

Ha explicado así que «si la expedición de títulos profesionales asociados a enseñanzas universitarias es competencia exclusiva del Estado, también lo es la homologación de títulos universitarios obtenidos en el extranjero».

Por su parte, ha pedido al partido jeltzale que no lance «mensajes catastrofistas, victimistas, porque además parece que esconden claramente un chantaje al Estado» con un discurso que es «recurrente» cuando «las cosas no le salen bien». «Que se dediquen a gestionar las competencias que ya tenemos como seguridad, como sanidad, como educación o como la gestión de las prisiones», ha instado.

Frente común

El Partido Nacionalista Vasco ha pedido crear un «frente común» ante la decisión del Tribunal Supremo de anular la homologación de títulos obtenidos en el extranjero al considerarla una «mala noticia» para la política y la sociedad.

En la misma línea, EH Bildu ha pedido que se active un nuevo estatus político para evitar que se «subordinen los derechos» del País Vasco y el PSE-EE ha pedido «calma» para analizar la decisión y actuar ante ella.

En una tertulia en Radio Euskadi, el portavoz parlamentario del PNV, Joseba Díez Antxustegi, ha calificado la decisión del Tribunal Supremo como «una mala noticia no sólo para el Gobierno Vasco ni para el PNV», sino para el conjunto de su región, «porque tiene una trascendencia política», que ha señalado es un «ataque directo» al autogobierno y el estatuto de Gernika, «pero tiene sobre todo una trascendencia práctica».

La trascendencia práctica la ha enmarcado en la falta de profesionales, «sobre todo en el ámbito sanitario». «Nos faltan médicos y médicas, enfermeros y enfermeras, nos falta personal sanitario», ha advertido, para añadir que la transferencia de homologación posibilitaba «personas con títulos extranjeros pudieran incorporarse al mercado de la región y pudieran aportar a los servicios públicos, en este caso también de salud».