El PSOE pacta con Urkullu suavizar la política penitenciaria para beneficiar a más presos de ETA

Íñigo Urkullu ha sido investido de nuevo presidente de la comunidad autónoma del País Vasco con el apoyo de los socialistas tras la firma de un pacto de gobierno, dado a conocer este jueves, en el que PNV y PSE se comprometen a suavizar la política penitenciaria en favor de los presos de ETA. Con el siempre sinuoso lenguaje de la política, el acuerdo establece que «la normalización de la convivencia debe abordar, dentro del marco de posibilidades legales, la cuestión de los presos, la política penitenciaria y la reinserción de un modo acorde a la nueva realidad social».

Nacionalistas y socialistas afirman estar «determinados a que el fin del terrorismo y de la violencia se transformen en integración y vertebración social de la convivencia, mediante el compromiso con los valores del diálogo, la educación en Derechos Humanos y la cultura democrática».

Por ello, se comprometen a desarrollar, en colaboración con el Gobierno de España, un política penitenciaria que facilite «el traslado de las personas presas a prisiones cercanas a su entorno familiar» y «tenga como orientación fundamental la reinserción». Así mismo insistirán en la transferencia para que las cárceles sean gestionadas por el Gobierno vasco.

El nuevo Ejecutivo vasco tiene el terreno abonado con Pedro Sánchez en La Moncloa. El presidente estrenó su política de acercamientos de presos de ETA el 7 de agosto de 2018, con el traslado al País Vasco de los terroristas Olga Sanz Martín y Javier Moreno Ramajo. Ambos cumplían condena por el intento de asesinato del líder del PP vasco Carlos Iturgaiz. Un año más tarde quedaron en libertad.

Desde entonces, la lista de acercamientos etarras bajo el mandato de Sánchez no ha parado de crecer y ya alcanza los 54 nombres. Los dos últimos en beneficiarse de ello han sido los etarras Zigor Blanco e Itxaso Zaldua, acercados este mes de agosto.

A ellos hay que sumar otros 23 presos que, si bien no han sido acercados, sí han visto suavizadas sus condenas gracias a la aplicación de una reclasificación penitenciaria (permitiéndoles, por ejemplo, obtener permisos de salida de prisión). En total, han sido 73 los terroristas de ETA que se han visto beneficiados por el Gobierno socialista.

Además, los socialistas avalan en su pacto con el PNV el desarrollo de la ley de «reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos causadas por abuso de poder», aprobada en la pasada legislatura, según la cual no es necesario acreditar ante un juez el haber sido víctima de abusos policiales, ni tampoco revelar la identidad al conjunto de los vascos que, con su dinero, pagarán las reparaciones económicas: 135.000 euros por fallecimiento y hasta 390.000 en el caso de invalidez.

La ley reserva a la supuesta víctima de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado -y en caso de fallecimiento a su cónyuge, pareja o descendientes- el derecho a que “tal reconocimiento no se publicite ni notifique a terceros”, cuando así lo solicite expresamente. De tal forma que, amparado en el derecho a la intimidad, se puede dar el caso de que haya reconocimiento de ‘víctimas’ de la represión del Estado, con ayudas económicas de hasta 390.000 euros, cuyos beneficiarios el conjunto de la sociedad vasca y española desconozca.

Los «derechos históricos»

El pacto de gobierno, denominado ‘Acuerdo para la reactivación económica y el empleo desde la defensa de los servicios públicos y las políticas sociales, sobre la base de más y mejor autogobierno’, se propone como objetivo culminar el proceso de actualización del autogobierno vasco para, «desde el mayor consenso posible y siguiendo los cauces legales establecidos y previstos, posibilitar la presentación de un proyecto de Proposición de ley de reforma estatutaria».

En su discurso de investidura, Urkullu ha defendido un nuevo estatuto «que reconozca nuestra realidad nacional, la singularidad del autogobierno vasco, asiente una relación bilateral con el Estado y favorezca la proyección internacional de Euskadi» y ha reivindicado «una actualización de los derechos históricos» que debe desemboque en un mecanismo de bilateralidad en la que el País Vasco y el Estado hablen y negocien de tú a tú.