Vox debe reflexionar sobre ‘su’ Oficina de Libertad Lingüística

Noticia de última hora. El pacto PP-Vox en Valencia ha decidido cerrar el equivalente a nuestra Oficina de Libertad Lingüística por entender que solo era un comisariado político para la implantación supremacista del catalán y porque no tenía sentido, desde el momento en que su Estatut d’Autonomia ya reconoce la cooficialidad del español y el valenciano; de manera que, lo procedente, es aplicar esa cooficialidad que ya se defenderá por sí misma.

En Baleares, en cambio, Vox quiere desarrollar una proposición de ley que en el fondo busca, a través de la citada oficina autonómica, asegurar que se le ponga freno a los abusos derivados de la Ley de Normalización, también del Decreto de Mínimos, y de haber incumplimientos, incorporando multas suficientemente precautorias. Entiendo esta proposición, como muestra de la desconfianza de Vox a la voluntad cierta del PP de aplicar el bilingüismo sin que le tiemble el pulso en ello. Precedentes los hay, claro que sí, porque ocurrió en los Gobiernos de Cañellas y de Matas, plegándose a la voluntad supremacista de Més, antes PSM, con la complicidad del PSIB-PSOE.

Tengo entendido que la tal Oficina ya fue creada por el Pacte de Progrés y si me equivoco que me corrijan. Lo que ahora pretende Vox, en definitiva, es cambiar las tornas, o dicho en plata, dar giro revanchista a la situación.

La base electoral de Vox es la misma del PP, con la única diferencia de ser consciente del abandono, continuado, que se ha producido en los Populares de aquellos principios inherentes al bilingüismo. Es un hecho que cambiar requisito por mérito en la administración autonómica está soliviantando a los supremacistas, que ya hablan, torticeramente, de inconstitucionalidad.

El daño causado por los distintos Pactes de Progrés al uso normalizado de la dos lenguas cooficiales en ningún caso puede derivar en revancha, que es palabra que en el mejor de los casos remite a compensación; pero en el peor a venganza por un daño recibido. El punto 58 de los acuerdos para la gobernabilidad firmados tras el 28-M entre PP y Vox, en realidad apunta a eliminar la Oficina de Defensa de los Derechos Lingüísticos, entendida como instrumento excluyente a favor del catalán, como ya ocurre con los espías del catalán en los colegios públicos, cuyo chiringuito felizmente ha sido dejado sin presupuesto por el Consell de Mallorca.

El PP ya le ha pedido a Vox que retire el texto no consensuado. Es muy importante recordar en todo caso el fraude de ley que iba implícito cuando el Pacte de Progrés creó la citada Oficina puesto que el objetivo era dopar significativamente el catalán frente al español. De hecho, la negación de facto, de la cooficialidad del español. Su persecución, en definitiva.

También es cierto que el PP históricamente consintió los abusos y encima encumbrando el consenso, como la verdad revelada, aunque no fuera tal. Tiene sentido, entonces, que el STEI, un sindicato supremacista, exija al PP de Marga Prohens que se desmarque, inmediatamente, de la propuesta. Ésta va a ser la batalla en Educación: el pulso entre los supremacistas –que son mayoría en los institutos públicos y bastantes concertados- y quienes optan por garantizar el uso del 25% del español en la enseñanza obligatoria.

Recordemos que la inyección de docentes en la educación pública ha llegado de la mano de dos legislaturas con el Pacte de Pogrés en el Govern y como consecuencia de ello, una legión de pesemeros se ha adueñado de las aulas. Es lo que hay y con ello deberá batallar el Govern que preside Prohens. Y Vox tiene la responsabilidad de entender la trascendencia de la legislatura.

¡Que vienen los fascistas! ¿Recuerdan? Al PP le obliga ser consecuente en la defensa del 25% del español en la enseñanza pública y concertada. Y lo ocurrido meses atrás, en el colegio La Salle, es reflejo de la perversión del supremacismo pancatalanista, llevada al extremo de la expulsión de unos adolescentes por el simple hecho de exhibir su españolidad.

La cooficialidad es en sí misma un derecho constitucional que para nada precisa garantía alguna, más allá de la Ley en vigor, y poco respetada por los gobiernos del Pacte. Sinceramente pienso que el punto 58 de acuerdos de gobernabilidad debe ser retirado y en todo caso vigilar el cumplimiento de la Ley del 25%. PP y Vox deben hacer piña en el empeño de imponer una práctica normalizada de la cooficialidad en Educación.

Vox, en todo caso, debe permanecer vigilante en cuestiones básicas. Como la eliminación del requisito del catalán, aunque respetando el mérito, y la defensa a ultranza del bilingüismo institucionalizado. Porque entenderse es la clave para garantizar que no regrese el Pacte de Progrés en 2027.

A propósito de requisito o mérito, conviene estudiar la ley canadiense en lo que afecta a la región de Quebec. A lo que ésta obliga es a contar con un número determinado de funcionarios bilingües y en absoluto a su totalidad. Defendamos, de una vez, la lengua común y el respeto a la diversidad.

Han sido ya 30 años sufriendo la aplicación de una normativa catalanista y es el momento de regresar a la cordura, no vaya a ser que le demos ideas al relato progresista para intoxicar al electorado. Vigilar los errores del PP en el pasado es comprensible, pero también caminar juntos, PP y Vox, para la restauración de una normalidad gravemente amenazada los últimos años.

Dejemos que la ultraizquierda en Baleares se rasgue las vestiduras, desde el convencimiento de que la ciudadanía estará del lado del sentido común. La inmersión lingüística, conviene insistir en ello, es un negocio que le reporta una cantidad millonaria a los chiringuitos fiscalizadores del pancatalanismo y en este escenario corresponderá cerrar la Oficina de Libertad Lingüística, creada por el Pacte. En absoluto rediseñarla.

El pacto de gobernabilidad de PP y Vox ya es, en sí mismo, garantía de bilingüismo. Siempre, claro está, que el PP no caiga de nuevo en la estupidez de darles nuevas credenciales a los complejos de un pasado liderado por Cañellas y Matas.