La urgencia de un nuevo Sistema de Financiación Autonómica

El Sistema de Financiación Autonómica (SFA) lleva pendiente de renovación desde el 31-12-2013, cuando, con la ley en la mano (DA séptima de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre), habría que haberlo revisado o, como poco, desde el 31-12-2015, si nos atenemos a las liquidaciones definitivas de 2013, entregadas en junio de 2015. La ley no lo deja claro, pero, hace entre diez y doce años que debería haberse reformado.

En lugar de acometer esta reforma del sistema, el Gobierno, para poder seguir en La Moncloa, pacta los aberrantes cupo catalán y condonación de deuda a Cataluña, que es injusto, insolidario e ineficiente, y que con el ordenamiento jurídico actual, es ilegal.

El SFA, ha de ser reformado, y debería hacerse bajo estas premisas:

1. Corresponsabilidad fiscal, sin que se penalicen las bajadas de impuestos, de manera que cada comunidad autónoma se haga cargo del nivel de gasto que quiere impulsar y de los impuestos que quiere subir o bajar a sus ciudadanos.

2. Flexibilizar la normativa básica estatal en los servicios transferidos a las CCAA, para que puedan lograrse más avances en la reducción del gasto.

3. Medición de la eficiencia del gasto público realizado por las CCAA, de manera que se premie a quienes hacen lo mismo con menos dinero y se incentive, así, a que todas sigan los pasos de las más eficientes. Todo ello, permitirá controlar el gasto e incorporar de verdad la eficiencia del gasto público y su control como un elemento del SFA.

4. Negociación multilateral en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Debe ser un acuerdo que surja de las 17 CCAA y 2 ciudades autónomas, evitando la experiencia previa, que se basó en un sistema negociado bilateralmente e impuesto al resto en el CPFF. Debe ser un Sistema claro y transparente y que acabe con dos graves problemas del actual modelo de financiación: la incertidumbre en su aplicación y los retorcimientos estadísticos que existen en el mismo para beneficiar a unas regiones sobre otras.

5. Las necesidades de financiación de las Comunidades Autónomas deben calcularse con criterios justos y equitativos que midan el gasto necesario para prestar los servicios públicos incentivados de manera eficiente, como antes he dicho. La población ajustada, en caso de que no se emplee la población real, debe obedecer a criterios técnicos, no políticos como sucedió en el pasado.

6. Deben establecerse criterios justos, transparentes y actualizados para el reparto de los recursos de los impuestos que no se pueden territorializar en función de las declaraciones de los contribuyentes (IVA e Impuestos Especiales).

7. Debe ser un sistema que preserve la solidaridad entre todas las CCAA, que garantice que todos los españoles tienen asegurada una misma prestación de los servicios públicos esenciales.

8. Deben eliminarse los topes establecidos en los actuales recursos adicionales del Sistema de Financiación para beneficiar a unas Comunidades frente a otros. Por ejemplo: el límite de capacidad fiscal del fondo de competitividad que se fijó estratégicamente para limitar los recursos que debe recibir Madrid sin topar los de Cataluña.

9. Debe modificarse el principio de Lealtad Institucional de manera que se equilibre la posición de las Comunidades Autónomas en esta materia frente a la Administración General del Estado. Deben establecerse nuevas fórmulas de colaboración entre la AEAT y las Administraciones Tributarias de las CCAA, para aprovechar sinergias.

10. Ha de respetar la ordinalidad, es decir, que tras aportar a la solidaridad, la región solidaria no puede quedar detrás de la receptora, como ahora sí sucede, que nada tiene que ver con el cupo catalán, aunque los independentistas traten de asimilarlo para generar confusión. Por último, y como idea importante, debe acabarse con el statu quo, es decir, que el punto de partida de cada comunidad no puede ser, como mínimo, lo recibido actualmente por cada región.

Eso es lo que habría que hacer, y no conceder el concierto catalán ni condonar la deuda, que es una aberración, por la inseguridad jurídica y merma de credibilidad que genera, entre otras cosas, pero me temo que no se hará.