TVE: imprescindible auditoría de infarto (productoras)

No ha sido la oposición política la que ha llevado a Bruselas el escándalo antidemocrático diario que supone la actual RTVE, conocida en el imaginario popular como TelePedro. Ha sido un organismo interno nada sospechoso de connivencia con posiciones ideológicas de la derecha. Que se lo pregunten al taimado Fortes. Pero los sobresaltos «informativos» son tan fuertes como intolerables; tan burdos como la existencia cotidiana de bulos en un medio que deglute ingentes cantidades de dinero extraído directamente del bolsillo de los contribuyentes, además de exageraciones sin pie ni ética profesional alguna. ¡No guardan ni las formas!

En este contexto de malversación de códigos deontológicos y lapidación de caudales públicos, resulta cuando menos sospechoso que la formación política más insultada, vejada e injuriada se limite al silencio y no haya sido capaz de llevar el caso a las instancias transnacionales, que es lo que hizo la izquierda cuando gobernó Mariano Rajoy; recordar que entonces no se imposibilitó acudir a profesionales de la izquierdona a los distintos programas de la radiotelevisión pública. Baste recordar a bote pronto que la cancelación manu militari de 180 profesionales en RTVE comenzó el mismo día (1 junio 2018) en el que Sánchez llegó al poder tras ganar la malhadada moción de censura a lomos de José Luis Ábalos. A un buen número de ellos la cancelación les jodió la vida.

El máximo responsable de este enorme y carísimo quilombo no es otro que un tal José Pablo López, nacido en el pueblo malagueño de los nísperos, con una biografía personal y profesional contradictoria e, incluso, «harto sospechosa», según declara a este columnista una fuente que trabajó durante años a su lado. Sus deposiciones mensuales ante la Comisión de Control parlamentaria son un monumento al sanchismo en estado puro; va de «profesional» y se conduce, quizá sin percatarse de ello, como un hooligan sanchista con respuestas convenientemente tabuladas y ad hoc.

En este contexto, conseguir que las audiencias le sean propicias no representa ningún secreto. Con todo el dinero del contribuyente y sin principios, todo es más fácil. Contratar productoras (¡ojo!, esta es una de los secretos de la esfinge a dilucidar) a manos llenas para que exciten las bajas pasiones no es algo inventado por el «genio» López. Es algo que se puede comprobar en todas las autocracias y se llama lisa y llanamente «abuso de poder» y, en el caso que nos ocupa, pudiera resultar una malversación de dinero público en toda la regla. Esa auditoría no la va a encargar el actual Gobierno; aun así debe pedirse en sede parlamentaria y en cualquier instancia pública interesada.

Esta columna no puede abarcar todas las trapisondadas sufragadas con dinero público atizadas con pólvora del rey. ¿Lo podemos llamar corrupción? Se lo dejo al lector concluir al respecto. Es un capítulo del que se habla en todas las instancias políticas y mediáticas. Desde La OSA, cuyos dueños han sido condenados a dos años de cárcel por la justicia, a LA COMETA y algunas otras con el rimbombante apellido Contreras. Para José Pablo López no son ajenas ninguna de ellas. Su paso por Telemadrid está empedrado de ejemplos y argumentos ad hominem. Docenas de testimonios avalan lo escrito.

En esas condiciones de la radiotelevisión estatal pública se podrán celebrar elecciones, sí, pero serán en condiciones desiguales si no se fija un nuevo rumbo. Es decir, sin las imprescindibles condiciones democráticas.

PD. López es alto cargo público y, por lo tanto, viene obligado por ley a presentar Declaración de Bienes. Durante su estancia como director general de Telemadrid escondió su patrimonio (del que se habla mucho en el sector) hasta que fue obligado a ello mediante una dura resolución del Consejo de Transparencia. Los había ocultado durante dos ejercicios (2017/2018). Me gustaría confirmar si ahora ha cumplido la ley.