La trampa de la condonación de deuda

En la especie de mercado persa que ha implantado Pedro Sánchez en la política española, parece que todo le vale al Gobierno con tal de comprar unos minutos más de tiempo en la cabecera del banco azul.

Así, con un concierto económico catalán firmado con los independentistas, el Gobierno sigue sin aclarar en qué consistirá y cada día dice una cosa distinta, tratando a los ciudadanos como tontos, con explicaciones peregrinas y falsedades, diciendo una cosa y la contraria. 

Para desviar la atención, tratan de dividir a las regiones gobernadas con el PP -y a todas, en general, con promesas de un dinero que ni tienen -el déficit no lo soporta- ni es suyo -sino de todos los contribuyentes que no pueden ya más-. Por eso, Montero insiste en la condonación de deuda. Ahora, dice que le hará una buena oferta de condonación de deuda a Andalucía que Moreno no podrá rechazar.

El PP no puede caer en el error y ceder ante lo que es un chantaje: ni objetivo de estabilidad, ni fondos adicionales, ni condonación de deuda. No puede aceptar ninguno nada, porque, en primer lugar, son propuestas perjudiciales para la economía y, en segundo lugar, es todo falso, una estratagema más que incumplirá, pero aunque no lo incumpliese, son propuestas nocivas.

La condonación de deuda a las comunidades autónomas supondría una pérdida de credibilidad en la economía, en la fiabilidad de la misma, al levantar una barrera a los inversores, al introducir una inseguridad en quien va a asumir las futuras deudas que contraiga Cataluña. Inseguridad que se extiende y perjudica al conjunto de administraciones públicas españolas, porque al dudar con una se duda de todas, por efecto contagio.

El perdonar la deuda, da igual que sea todo o parte, es una barbaridad legal y económica. Es una barbaridad legal, porque al realizarse al dictado de Cataluña y, específicamente, para Cataluña, se vuelve inconstitucional, porque atenta contra el artículo 138.2 de la Constitución Española, que dice que Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales. ¿Y qué es esta medida, sino una medida que otorga privilegios a una región? Por otra parte, el artículo 157.3 de la Constitución establece que podrá regularse mediante ley orgánica las competencias financieras de las CCAA, que son enumeradas en el artículo 157.1 de la Constitución, entre ellas, las operaciones de crédito.

Y ello está regulado en la Lofca, en el artículo 14. Del mismo modo, en dicha ley orgánica, se contempla en la DA octava la posibilidad de detraer de los recursos del SFA las cantidades necesarias para atender los mecanismos adicionales de financiación, como el Fla, si no se atienden por parte de la comunidad autónoma.

Sánchez, en lugar de velar por dicho cumplimiento, lo vuela por los aires y les regala ese importe. Por eso quieren ampliarlo a todas las comunidades autónomas, para salvar el artículo 138.2 de la Constitución, pero, aun así, no dejará de ser un privilegio, pues se hace para beneficiar a Cataluña, porque en el propio acuerdo del PSOE con ERC se especifica que la operación supondrá la asunción del 20% de la deuda viva de Cataluña con la AGE, aparte de la aberración del convenio catalán. 

Y también es una atrocidad económica y financiera, porque lanza una señal pésima como país: ¿qué inversor va a confiar en cualquier comunidad autónoma a la hora de financiarla, si pueden no hacerse responsables de la deuda que emitan con este sistema ideado por Sánchez para obtener los votos de los independentistas? Esto es gravísimo, porque debilita la credibilidad crediticia de todo el Reino de España, que dificultará el acceso a los mercados y el coste de financiación tanto del Tesoro como de todas las administraciones públicas españolas. 

Y desde el punto de vista de los principios y valores, vuela por los aires la responsabilidad de hacer una buena gestión, de ser eficientes, de no malgastar, de aquilatar el presupuesto, porque da igual si se hace bien o mal, porque la irresponsabilidad se cubrirá.

Ninguna comunidad autónoma debe pedir la condonación de deuda, sería un error y blanquearía la decisión de Sánchez, cupo catalán incluido. Es una medida a la que hay que oponerse de manera enérgica y frontal, porque es dañina para el conjunto de la economía y el empleo. No se puede caer en esa clara trampa.