Opinión

Traidores por siete míseros votos

En la Proposición de Ley Orgánica de Amnistía presentada ayer por el PSOE en el Congreso de los Diputados la palabra «constitucional» aparece 18 veces en singular y otras 4 en plural, «constitucionalidad» se menciona 8 veces y las variantes en negativo, «inconstitucional, inconstitucionalidad», 5 veces más. En total, son 35 las veces en las que se cita la Constitución en un documento de 21 páginas de las que 11 son para una extensísima Exposición de Motivos plagada de mentiras, en la que el PSOE no tiene la decencia de contar el único motivo real por el que se presenta, que fue confesado por el propio Pedro Sánchez ante el Comité Federal del PSOE del pasado 28 de octubre.

Delante del máximo órgano del Partido Socialista entre Congresos, en su condición de Secretario General, Sánchez explicó que él no tenía ninguna intención de aprobar esta amnistía y por eso siempre se había expresado en contra de ella. Para justificarse, directamente lanzó esta pregunta a sus compañeros de partido, «¿ha cambiado algo en la realidad que justifique un cambio por nuestra parte?». Y se respondió él mismo: «sí, las elecciones del 23 de julio». E inmediatamente explicó que «el mandato de los electores obliga a optar por un Gobierno de coalición reaccionaria entre el Partido Popular y Vox o un Gobierno del Partido Socialista con Sumar, con apoyo de distintas fuerzas parlamentarias». Y como resulta que «hay 56 diputados que reclaman la amnistía para apoyar la investidura» (entre los que a Junts y ERC, Sánchez añade a Sumar, el PNV y Bildu), pues resulta que la amnistía es «una condición para que pueda haber Gobierno de progreso y para evitar un Gobierno de la derecha y la ultraderecha del Partido Popular y Vox». Y ésta, que es la única razón verdadera confesada por Sánchez, se oculta en la Exposición de Motivos de la Ley de Amnistía.

En la moción de censura contra Mariano Rajoy con la que Sánchez llegó al Gobierno en junio de 2018, así como en su anterior investidura de enero de 2020, separatistas, comunistas y proetarras también reclamaban la amnistía, pero en aquellas ocasiones Pedro Sánchez, el PSOE en pleno y todos los periodistas y opinadores que conforman el equipo sanchista de opinión sincronizada, consideraban que la amnistía era inconstitucional. La hemeroteca está plagada de ejemplos, sólo voy a mencionar la entrevista que el presidente del Gobierno concedió el 10 de noviembre de 2022 al periodista Antonio García Ferreras, de La Sexta, en la que, ante las cámaras de televisión, Sánchez aseguró que «el independentismo pide la amnistía, algo que, desde luego, este Gobierno no va a aceptar y que, desde luego, no entra en la legislación y en la Constitución española».

Por tanto, la opinión de Pedro Sánchez, de todo el coro de socialistas que le aplaudieron como focas en el Comité Federal y de los periodistas y opinadores de izquierdas que le secundan, es que la amnistía ha pasado de ser inconstitucional antes de las elecciones de julio a convertirse en 35 veces constitucional ahora, por la magia de la aritmética parlamentaria. Es lo único que ha cambiado, según ha confesado el propio Sánchez.

Pero esta ley tendrá que pasar por muchos filtros antes de entrar en vigor. El del Congreso lo superará sin duda, ya que allí todos sabemos que existen 179 diputados sin vergüenza ninguna para sacar adelante esta aberración jurídica. Pero después la Ley de Amnistía tendrá que enfrentarse a diferentes instancias jurídicas españolas y europeas en las que algunos magistrados puestos a dedo por Sánchez, como el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, junto a otros que juraron o prometieron «guardar y hacer guardar la Constitución, como norma fundamental del Estado», deberán refrendar si una norma jurídica puede dejar de ser inconstitucional exclusivamente porque esa es la única manera de impedir que, en España, gobierne la derecha.

El único motivo que justifica la Ley de Amnistía es que resulta imprescindible para impedir la alternancia y la pluralidad política, o sea, la democracia. Los que antes de julio opinaban, como Pedro Sánchez, que la amnistía es inconstitucional y después de las elecciones dicen que ahora es constitucional son traidores a España, a la Constitución, a la separación de poderes y a la democracia. Pero también traicionan a sus votantes, a su propia palabra y a su dignidad personal. Miserables traidores por 7 míseros votos.