Todo apunta a que habrá pucherazo el 29-N y que el Supremo decidirá después

Ante la negativa del Gobierno de Pedro Sánchez a sacar del censo a los falsos nacionalizados, con la excusa de que es técnicamente inviable, el Tribunal Supremo, según ha podido saber OKDIARIO, insiste en que al final el Ejecutivo tendrá que hacerlo. Es harto discutible, porque el Ejecutivo maneja la estrategia de no hacer nada para que, cuando la próxima semana se cierre el plazo para presentar reclamaciones al censo, utilizar la teoría de hechos consumados, abrazado al argumento de la imposibilidad de determinar el número de españoles fake. Cómo será la cosa que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha suspendido una reunión con los diplomáticos en la que iba a discutirse la Ley de Nietos y que iba a celebrarse coincidiendo con el cierre del censo electoral. Mejor ponerse de canto.

O sea, la vieja táctica de dejar que la situación se pudra. El escenario que viene, no hace falta ser muy sagaz, es el siguiente: la Junta Electoral dará por cerrado el censo sin haber depurado del mismo a quienes alcanzaron la nacionalidad de forma fraudulenta y el Supremo tendrá que enfrentarse a la disyuntiva de tragar u ordenar que el voto CERA no compute, habida cuenta de que no se sacaron del censo a los falsos nacionalizados. Haga lo que haga el Supremo, la polémica estará servida y, lo que es peor, la imagen de España se verá deteriorada, porque se pondrá en cuestión, sí o sí, su pureza democrática.

A eso va el Gobierno, a desobedecer al Supremo de forma taimada para, llegado el momento decisivo, forzarle a decidir si permite el voto fraudulento de miles de personas o anula todos los votos procedentes de los españoles en el extranjero. El escándalo, en todo caso, estará servido. O sea, que el resultado del 29-N puede quedar pendiente durante meses hasta que se pronuncie la justicia. Y, si no, al tiempo. Vienen curvas, en efecto.