El test no engaña: Ayuso, nueve meses por delante de Sánchez

Han tenido que pasar cerca de nueve meses para que el Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez acepte que los ciudadanos puedan comprar test de autodiagnóstico del Covid en las farmacias, algo que fue planteado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el pasado 3 de noviembre. La respuesta que recibió el Gobierno madrileño, de la boca del entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, fue un rotundo «no». Sin ningún argumento, el Gobierno negó la posibilidad y el Ejecutivo madrileño recurrió entonces a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que apoyó la medida, lo que obligó al Ejecutivo de Sánchez a acceder de manera parcial a las exigencias de Madrid.

Desde febrero, las farmacias de la Comunidad de Madrid comenzaron a poder realizar test de antígenos de manera gratuita, siempre bajo prescripción médica. Ahora, después de que la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados volviera a rechazar el pasado mes de mayo una Proposición no de Ley (PNL) en la que se instaba al Ejecutivo a aprobar «por la vía de urgencia» la autorización para la dispensación en oficinas de farmacia de los test de autodiagnóstico del Covid-19, el Consejo de Ministros se ha rendido por fin a la evidencia.

Las razones que llevaron al Gobierno socialcomunista a negarse a una medida que contribuye a la  temprana detección del virus tienen que ver con esa visión sectaria que entiende que todo lo que esté fuera de la sanidad pública es sospechoso. Los farmacéuticos se ofrecieron desde un primer momento, pero el Gobierno, llevado por el dogmatismo clásico de la izquierda, creyó ver un negocio donde no había otra cosa que ganas de colaborar. Es lo de siempre: nueve meses perdidos por la sinrazón de un Ejecutivo reaccionario que ahora, tarde y mal, ha tenido que aceptar que la Comunidad de Madrid tenía razón.