A los señores marqueses de Galapagar ya no les gusta el «jarabe democrático»

En su empeño por meter en la cárcel a Miguel Frontera, que de manera recurrente se manifiesta ante su casoplón de Galapagar, la pareja ministerial formada por Pablo Iglesias e Irene Montero ha declarado vía telemática ante el juez en relación con la querella que presentaron contra este ciudadano, para quien piden pena de cárcel  por varios delitos, entre ellos el de revelación de secretos, con penas de 1 a 4 años.

Fuentes judiciales consultadas por OKDIARIO aseguran que el vicepresidente y la ministra han mencionado durante el interrogatorio la situación de miedo que les produce las concentración de personas en los alrededores de su chalet. O sea, que sienten ansiedad al ver alterada su vida familiar. Se conoce que Pablo Iglesias, cuando instaba a aplicar «jarabe democrático» a los ministros del Gobierno de Mariano Rajoy, pensaba que las familias de estos no se verían afectadas psicológicamente. O mejor, que si resultaban afectadas era el merecido castigo por ser de derechas.

Es de una hipocresía insultante la querella presentada contra el ciudadano Frontera, no porque Pablo Iglesias e Irene Montero no tengan derecho a ejercer las acciones legales que consideren oportunas, sino porque todos sus argumentos -que si se sienten intimidados, que si las protestas afectan a la familia, que si han llegado a sentir miedo- no los tuvieron en cuenta cuando, por ejemplo, animaron a realizar un «escrache» ante el domicilio privado de la por entonces vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.

Cabe recordar que la querella interpuesta por Pablo Iglesias contra el vecino Frontera contempla hasta seis delitos: acoso, descubrimiento y revelación de secretos, desobediencia a la autoridad, alteración del orden público y delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. Estos dos últimos fueron archivados por el juez.

La causa contra Miguel Frontera se instruye en el Juzgado de primera Instancia e Instrucción número 1 de Collado Villalba (Madrid). A esta causa se ha sumado otra diligencia que se incoaron por iniciativa de la Fiscalía de Madrid, que tiene como máxima responsable a Dolores Delgado, que actuó de oficio contra este ciudadano al que denunció por un supuesto delito de injurias por llevar una pancarta que decía. «Pablo Iglesias, hijo de terrorista». No sorprende la rápida reacción reacción del Ministerio Público-¿de quién depende la Fiscalía? Del Gobierno. Pues eso-, pero cuando los acosados eran gente del PP, la Fiscalía no mostró la misma rapidez de reflejos.

Iglesias y Montero, los que consideraban que un «escrache» era un rasgo de justicia democrática del pueblo, quieren meter en la cárcel a un ciudadano que está aplicando a la pareja gubernamental su propia medicina. Eso sí: Miguel Frontera no es de izquierdas, luego carece de derechos.