Opinión

Sánchez tritura la democracia

  • Roberto Pérez
  • Periodista y licenciado en Ciencias Políticas. Especialista en sector público, economía política y presupuestaria, e instituciones político-administrativas. Trabajó para Agencia Efe y Cope, ejerció durante más de 20 años en ABC -etapa que incluyó el ejercicio temporal de la corresponsalía de Nueva York- y actualmente es subdirector de OKDIARIO.

Pedro Sánchez ha consumado su operación para aferrarse al poder dando un golpe al Estado de derecho despreciando la Constitución y, por ende, poniendo en solfa la democracia a la que se debe. El pacto consumado con el prófugo Puigdemont evidencia a un líder del PSOE que pasará a la historia con la indignidad de quien usa la democracia para torpedearla en beneficio propio.

Conviene recordar que no hay democracia sin ley; y Sánchez se ha prestado a triturarla entrando en la inconstitucionalidad manifiesta. Tan manifiesta que son notorios y notables los informes jurídicos de las máximas instancias del Estado que, en los últimos años, han concluido sin matices que la clave de bóveda de nuestra democracia en absoluto ampara una amnistía que pone al margen del Estado de Derecho a quienes han sido condenados por saltárselo.

De nada ha servido que casi la mitad de los militantes del PSOE no quisieran secundar la pantomima justificativa con la que Sánchez ha querido blindar su afrenta, esa votación interna a favor de sus amaños por la investidura. De nada ha servido, tampoco, el clamor de la calle que estos días ha rodeado las sedes del PSOE. De nada, igualmente, que la propia Unión Europea comunicara a Moncloa este mismo miércoles su honda preocupación por la deriva emprendida por Sánchez, al punto de –en un hecho sin precedentes– exigir al Gobierno de España que le dé «detalles» de la amnistía que ha urdido. Más bien parece que Sánchez, embriagado por sus ansias de poder, ha preferido acelerar al máximo su entreguismo para arrodillar la democracia a cambio de alargar su estancia en el poder.

Llegados a este punto, sólo cabe apelar a la responsabilidad de los diputados y senadores socialistas a los que les tocará votar si pasan a la historia con la indignidad de Sánchez o con la lealtad de su jura a la Constitución y al bien común. Como poco cabe esperar de esta opción, la última contención posible pasa por la magistratura de garantías, por el Tribunal Constitucional. Pero la también manoseada composición de esta instancia tan esencial hace que la esperanza se torne en fe ciega.

España se enfrenta al momento más grave desde la Transición. Nunca hasta ahora se había producido un golpe a la democracia tan hondo y de consecuencias tan impredecibles, por ser cometido desde los inquilinos del propio Poder Ejecutivo con el concurso de la radicalidad más granada instalada en el Poder Legislativo.

Todos quienes voten la osadía serán cómplices, pero no en el mismo grado. Ni de la marca política nacida de ETA ni del independentismo catalanista radical cabe esperar otra posición. Tampoco de ese comunismo retrógrado que en nada se asemeja al PCE de la Transición que lideró Santiago Carrillo. Sí del PSOE, que con Sánchez elige entre la democracia con ley o la ilegalidad arrodillando a la democracia. Es más responsable el que consiente que el que reclama. Y Sánchez, consintiendo por el poder, coloca a España al borde de un precipicio, como el propio Felipe González le recordaba este mismo miércoles. Y, de paso, Sánchez y sus escaños lacayos devuelven al PSOE al menos honroso de su historia, al de aquel tiempo que ni los socialistas sensatos y mínimamente leídos quieren recordar.