Sánchez elige a Peramato para ir al choque institucional contra el Supremo

El perfil de la que será nueva fiscal general del Estado, Teresa Peramato, se resume a la perfección con el galardón que le otorgó  el Ministerio de Igualdad de Irene Montero, que entregó  en noviembre de 2022 a la nueva máxima responsable del Ministerio Público el premio a la Justicia feminista por «su imprescindible labor de aplicación de las leyes con perspectiva de género e infancia». Con eso está dicho todo, porque del feminismo ultra radical de Peramato da fe su apoyo sin fisuras a la Ley del «sólo sí es sí», el mayor engendro legislativo de la historia de la democracia española que permitió que millares de agresores sexuales vieran reducidas sus condenas o puestos, incluso, en libertad. La norma que permitió la excarcelación de más de 100 violadores y redujo la pena a otros 1.000 agresores sexuales contó con el inestimable apoyo de Peramato, que la defendió alegando que tenía «muchísimas cosas buenas».

La designación de Peramato entraba dentro de lo posible, más aún teniendo en cuenta que Pedro Sánchez tenía que responder a la condena de Álvaro García Ortiz con un movimiento que dejara clara su reacción a la inhabilitación del fiscal general. Por supuesto, nadie esperaba que el presidente del Gobierno apostara por un perfil conciliador, de modo que el nombramiento de Peramato encaja perfectamente en la estrategia del jefe del Ejecutivo. En absoluto cabe dudar de la capacidad profesional de la nueva fiscal general, pero Teresa Peramato no ha llegado para aplacar las tensiones en el Ministerio Público, sino para hacer de la Fiscalía General del Estado un instrumento al servicio del sectarismo de un Gobierno que no va a dar un paso atrás. Para Pedro Sánchez la condena a García Ortiz ha sido una afrenta y, en consecuencia, va a ir al choque frontal contra el Tribunal Supremo. El primer gesto, la designación de Teramato Peramato, va en esa dirección. La guerra está servida.