Renovación del CGPJ: por un veto constructivo

Por desgracia, en la transmisión de poderes del Año Viejo al Año Nuevo no ha habido novedades. Además de traspasar todos los asuntos tóxicos que hemos padecido en 2020 se nos anuncia para 2021 un recrudecimiento de los problemas. Y no me refiero sólo a los propios de la pandemia, pues las previsiones de vacunación van para largo y no eliminan hoy por hoy la incertidumbre, sino porque la cogobernanza del Gobierno del Partido Socialista Obrero Español y Unidas Podemos no deja de impulsar iniciativas legislativas o dictar normas administrativas de dudosa constitucionalidad.

Tanto Podemos como el PSOE y algunos de sus socios están llenos de problemas judiciales por casos de corrupción que, si fueran del PP, serían portada de telediarios y periódicos. La Fiscalía General no necesita recibir instrucciones del Gobierno porque no es más que la longa manu de Sánchez en la institución destinada a defender los derechos y libertades de los ciudadanos y velar por la independencia judicial. Los informes de la Fiscalía del Tribunal Supremo que, esta ocasión, han servido para tumbar querellas y denuncias sobre la presunta responsabilidad del Gobierno o de alguno de sus miembros en la gestión de la pandemia, desde el punto de vista jurídico tienen poca solidez. Quienes somos defensores a ultranza del Estado de Derecho tenemos respeto reverencial por las sentencias de los tribunales. Pero los que hemos dedicado gran parte de nuestra vida al ejercicio de la profesión de abogado sabemos muy bien que no se pueden sacralizar las resoluciones judiciales. En Derecho todo o casi todo es discutible. En la última ocasión la Fiscalía ha hecho un totum revolutum con todas ellas, de modo que ha inducido al Tribunal a dar una respuesta global, obviando la referencia concreta a cada una de ellas, por lo que podría afirmarse que ha incurrido en falta de motivación. El mando a distancia de la Fiscalía General ha funcionado a la perfección.

La última hazaña es la pretensión de las Unidas de Iglesias de que el ministro del Interior, a través de los mandos policiales a sus órdenes directas, puedan exigir que los agentes que ejerzan funciones de policía judicial les informen sobre las investigaciones en que actúan bajo secreto sumarial. Como siempre, los antisistema que forman parte del Gobierno neutralizarán la defensa contraria que está llena de fascistas, sacarán tarjeta roja a los órganos consultivos para aplicarles la ley mordaza y pasarán el balón a Sánchez para que meta un nuevo gol contra la Constitución, con el caluroso apoyo, regocijo y aplauso de todos cuantos quieren dividir España en tres o cuatro repúblicas independientes so pretexto de acabar con el régimen espurio de la Transición.

Hace bien el Partido Popular en rechazar por enésima vez llegar a un acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial con quienes un día sí y otro también demuestran su fobia anticonstitucionalista. Pero no es suficiente. Sería milagroso que en una negociación vis a vis entre el PP y el PSOE se renueve el Consejo con magistrados, jueces y juristas de reconocido prestigio e independencia. También en este punto Sánchez tiene la mochila llena de compromisos perniciosos adquiridos para alcanzar la presidencia del Gobierno. Sus socios consideran vital acceder al Consejo para controlar los nombramientos e impregnar los altos órganos de la Justicia de objetivos ideológicos mediante una utilización post-marxista del «uso alternativo del derecho» con el fin de que la Justicia se convierta en un ariete contra el orden burgués en aras de la concepción revolucionaria de la igualdad. Y de paso, sea benévola con las debilidades de los que luchan por el bien del pueblo (“las izquierdas” y los separatistas) e implacable contra quienes están acostumbrados a servirse de él (“las derechas”).

Ante esta alternativa, sugiero al PP que opte por un veto constructivo. Consistiría en exigir, como cuestión previa, la vuelta a la Ley de 1980, aprobada cuanto estaba aún muy presente el espíritu del legislador constituyente. Era un valor unánimemente entendido que la Constitución preveía que el nombramiento de los doce jueces y magistrados de los veinte vocales del Consejo General debían elegirse por ellos y entre ellos. Este procedimiento fue suprimido cuando con la soga al cuello de los GAL Felipe González, con la inestimable colaboración de Fernando Ledesma, su ministro de Justicia, decidió que todos los vocales debían elegirse por las Cortes, y no sólo los cuatro por cada cámara que la Constitución confiere a las Cortes. La Ley González-Ledesma de 1985 fue un hachazo a la independencia del poder judicial. Sus promotores hicieron oídos sordos a la rotundidad con que el portavoz socialista en la Ponencia Constitucional, Gregorio Peces Barba, había defendido en el pleno del Congreso que el artículo 122 de la CE garantizaba la “elección directa” por los jueces y magistrados.

El Grupo Popular recurrió al Tribunal Constitucional, que fue muy diligente a la hora de dictar sentencia. En junio de 1986 desestimó el recurso al entender que de la redacción literal de la CE no se desprendía que el único modo de designar a los representantes de los jueces y magistrados en el Consejo fuera el de elección directa entre ellos. Ahora bien, como si los magistrados del Tribunal Constitucional, presididos por Francisco Tomás y Valiente, excelente jurista vilmente asesinado por ETA en 1996, hubieran querido salvar su responsabilidad ante Dios y ante la Historia, hicieron la siguiente advertencia: «Ciertamente, se corre el riesgo de frustrar la finalidad señalada de la norma constitucional si las Cámaras, a la hora de efectuar sus propuestas, olvidan el objetivo perseguido y, actuando con criterios admisibles en otros terrenos, pero no en éste, atiendan sólo a la división de fuerzas existente en su propio seno y distribuyen los puestos a cubrir entre los distintos partidos, en proporción a la fuerza parlamentaria de éstos». De modo que, “la existencia y aun probabilidad de ese riesgo que hace posible, aunque no necesaria, una actuación contraria al espíritu de la norma constitucional» el Tribunal aconsejaba su “sustitución”. Más claro, agua. Podría decirse que desde 1986 todos los Consejos, por su forma de designación, son dudosamente constitucionales.

Desde entonces el PP incluyó en sus programas la vuelta al sistema de 1980. Perdió un par de oportunidades. Una en la legislatura de 2000 y la otra en la de 2011. Ahora puede intentarlo por congruencia con el punto 390 del Programa de 2019: “Promoveremos la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para recuperar el sentido originario del artículo 122.3 de la Constitución española. De esta manera, los 12 vocales del Consejo General de procedencia judicial serán elegidos directamente por los Jueces y Magistrados, fortaleciéndose así la independencia del órgano de gobierno del Poder Judicial”. Esto se puede hacer mediante una ley exprés, procedimiento tan querido y utilizado por Pedro Sánchez. Si fuera así podríamos decir que hemos entrado en 2021 con buen pie.