El régimen del expediente distraído

Informa un rotativo local que la lista de espera para pasar la Inspección Técnica de Vehículos ya es de seis meses, el doble de lo que llevó a Vox a plantear la liberalización del servicio que ahora mismo gestiona una empresa concesionaria del Consell de Mallorca. Sacarse el carné de conducir tampoco es baladí: uno tiene que esperar varios meses para que le hagan un hueco para examinarse. En Cort 3.000 expedientes de licencias urbanísticas siguen atascados a la espera de que el Govern y el Consell de Mallorca resuelvan sus correspondientes informes. En Llucmajor se acumulan retrasos de casi dos años en la concesión de permisos de obra aunque algunos ya andan por los tres años.

El conseller Juan Pedro Yllanes dejó la friolera de 13.194 solicitudes de proyectos de energías renovables pendientes de tramitar, de los que sólo 1.174 estaban pendientes de pago. El resto, 12.020 expedientes, estaban todavía en fase de evaluación y estudio. Muchos de estos solicitantes adelantaron el dinero para ejecutar estos proyectos de instalación de placas fotovoltaicas. Algunos de estos expedientes sufren una demora acumulada de dos años.

Con el traspaso de poderes de la competencia de Turismo al Consell de Mallorca, se descubrió que el flamante departamento de Turismo de la institución insular acumulaba otros 4.000 expedientes pendientes de tramitar (servicios técnicos, calidad, bolsa de plazas turísticas, inspección) con retrasos que en algunos casos rondaban los dos años. El Consell llevaba lustros preparando el traspaso de competencias desde el Govern. Hace unas semanas el director general de Recursos Hídricos nos informaba de que tenía 5.000 expedientes para autorizar pozos en suelo rústico sin resolver, algunos de cuyos expedientes llevan paralizados durante años.

Los agricultores mallorquines se quejan del retraso en la llegada de las ayudas de las PAC, un mal crónico que el nuevo consejero de Agricultura trata de mitigar como buenamente puede. El Govern de Prohens trabaja denodadamente para reducir los inadmisibles tiempos de espera de los pacientes para una consulta presencial con un médico de familia o para una intervención quirúrgica. Por no hablar de las citas previas que todavía algunas adminitraciones mantienen pese a las críticas incesantes de los administrados.

Sólo son algunos ejemplos de los que a diario informan los medios de comunicación locales y que demuestran bien a las claras el colapso de unas administraciones públicas de Baleares que, pese a contar con más recursos humanos, económicos y tecnológicos que nunca, funcionan cada vez peor. Me temo que la información que aflora en los periódicos sólo sea la punta de iceberg de un estado de las cosas todavía más pavoroso. Algunos podrán achacarlo a la herencia envenenada del octenio negro de Francina Armengol pero me da la impresión de que el mal es menos coyuntural y circunstancial que estructural.

Las administraciones públicas son un agujero negro que se tragan un sinfín creciente de recursos humanos, económicos y tecnológicos para terminar obteniendo unos bienes y servicios caros, ineficientes y malos, con una productividad ínfima que no pasarían el filtro de un mercado de libre competencia puesto que el soberano consumidor les daría la espalda.

La Administración balear es hoy con mucha diferencia la mayor empresa de Baleares, gestionando una cuarta parte de la riqueza que se genera anualmente en nuestras islas. El colapso administrativo tendrá seguramente unas causas técnicas que en parte podrán mitigarse con la esperada ley ómnibus de simplificación administrativa que está preparando el Govern y que cuenta con el respaldo de VOX.

Causas técnicas como la duplicidad de trámites, la selva de reglamentos y normas para todo, la ideologización de algunos organismos como la Comisión balear de Medio Ambiente que llevan haciendo política urbanística por la puerta de atrás, la telaraña de comisiones y subcomisiones cuya principal función es la de emitir informes preceptivos o no vinculantes, los recurrentes informes negativos de unos técnicos con pavor a equivocarse conscientes de que es mucho mejor paralizar un expediente a arriesgarse a darles el visto bueno si no las tienen todas consigo, por no hablar del abuso de todo tipo de colectivos ideológicos y de sectores profesionales que, a cambio de sus votos y de la extorsión a los políticos, han terminado parasitando la Administración como modus vivendi al convencerlos de la imperiosa necesidad de sus informes de impacto (de género, energéticos, medioambientales) para sacar adelante los expedientes y mejorar así la vida de los sufridos ciudadanos.

Soy bastante escéptico en que alguien pueda terminar con todas estas disfuncionalidades administrativas que lastran la economía y agotan la paciencia del ciudadano corriente. Me conformaría con que algunas pudieran mitigarse. Entre otras cosas porque el mal endémico de la Administración es estructural, no circunstancial, si bien el envenenado legado armengolino ha contribuido a agudizarlo. Son tantos los intereses creados y los derechos adquiridos, es tanta la generosidad y las renuncias que se requieren por parte de quienes han hecho de la jungla administrativa una manera de vivir, que una simplificación de la Administración realmente audaz conllevaría demasiadas resistencias, tantas que difícilmente ningún político va a querer enfrentar para no inmolarse en el intento. Saben lo que tienen que hacer, pero no lo van a hacer por miedo a perder las elecciones.

Hay que leer más a los economistas de la escuela de la Public Choice y fiarse menos de las buenas intenciones de nuestros políticos, sindicatos, funcionarios, activistas, periodistas y demás misioneros de lo público cuando aparentan no haberse caído del guindo y, en su arrebatadora candidez, nos siguen regalando los oídos con música celestial en nombre del interés general, el bien común o el bienestar de los ciudadanos, trampantojos que ocultan una realidad mucho más prosaica. No hay ninguna razón para pensar que un alto funcionario, un activista o sencillamente un tecnócrata que se mueva en la órbita de influencia de la Administración en busca de estudios, proyectos, asesorías, subvenciones y contratos a costa del contribuyente, sean distintos en sus intereses, aspiraciones y ambiciones que el hombre corriente de la calle.

«Si los burócratas -decía Gordon Tullock, destacado miembro de la escuela de la Elección Pública- son hombres normales, tomarán la mayoría de sus decisiones de acuerdo con lo que les beneficia a ellos, no a la sociedad en sí misma. Como los demás hombres, pueden sacrificar en algún momento su propio interés por el bien general, pero debemos esperar que esto sea un comportamiento excepcional». De ahí la desconfianza de los liberales hacia el poder y su apuesta por un gobierno pequeño y limitado. Cuando se da rienda suelta a crear más comisiones, subcomisiones, consejos, agencias, oficinas y demás organismos administrativos lo más probable es que no puedan volver a cerrarse cuando ya no sean necesarios. Ya se encargarán los interesados en hacerlos necesarios por si las moscas.

La derecha tendría que pensárselo dos veces antes de abrir más organismos porque una vez han nacido tienen vida propia y, la experiencia nos lo ha demostrado, estos organismos terminan a menudo perfilándose como arietes de la izquierda contra los gobiernos derechistas y en palmeros mariachis de los ejecutivos izquierdistas.