¿Y quién dio la orden?

He llegado a la conclusión de que gente como García Ortiz, que por mor de su cargo y responsabilidad conoce mejor que nadie los riesgos que entrañaban el delito que ha cometido y por el que ha sido condenado, aceptan delinquir porque saben que detrás de su incorrección existe una organización política que actúa como internacional del crimen y una soldadesca mediática que protegerá cualquier fechoría cometida, hasta el punto de acusar a la Justicia de dar un golpe de Estado y a los jueces, de imponer una dictadura judicial.

Es lo que estamos viviendo. La instauración de un orwellianismo público donde a la mentira se le llama verdad y al periodismo se le confunde con RTVE. Todo alimento que convenga al muro divisor en el que Sánchez ha construido su legitimidad política viene bien para cimentar su continuidad en el poder, que no piensa soltar y del que saldrá matando. La declaración de quien preside el Ejecutivo tras conocerse el fallo por el que un ciudadano español derrota a todo un aparato de gobierno (incluidas sus cloacas pueriles) es propia de un autócrata sin cadenas («vamos a defender la soberanía popular frente a aquellos que se creen con la prerrogativa de tutelarla»), la deriva sin retorno de un peligroso personaje que empieza introduciendo disyuntivas en su discurso -democracia o leyes fachas- y acaba como trasunto de Luis XIV invocando el «España soy yo».

Lo que ha definido todo este proceso que acaba con la Justicia triunfante y el Estado de Derecho con sus constantes vitales en pleno funcionamiento es la concepción antidemocrática que del poder tienen quienes hoy lo ocupan de manera inmoral y persistente. Sin presupuestos, sin apoyos y sin plan de gestión. Sólo les mueve una estrategia basada en el despilfarro de lo que saquean para comprar las mismas voluntades que justificarán de manera ulterior cualquier asalto a la democracia. Y lo harán presentándose, precisamente, como defensores de la misma frente a unos supuestos agresores que son quienes en realidad la protegen a diario.

A la espera de lo que confirme la redacción de la sentencia, la ciudadanía no apesebrada defiende un sistema donde todos los corruptos caigan, sean del partido que sean y abracen la ideología que abracen, un desiderátum contrario a lo que hoy piensan en el gobierno y representan sus socios, estos sí, cercanos a la dictadura que desean alcanzar para imponer, sin las férreas cadenas de la separación de poderes, su proyecto más totalitario y sangriento, uno que empieza por demoler el Estado de derecho. De ahí que lo cuestionen cada día.

Pero ni llevando al NO-DO del Pirulí a magistrados seniles y a portavoces del régimen travestidos de periodistas conseguirán que cese nuestro orgullo al ver una Justicia libre e independiente y una UCO firme y comprometida con la democracia y la ley. Quienes dicen sentir vergüenza porque se haya hecho justicia en un Estado de Derecho, o lo que es peor, que no sienten vergüenza ante los delitos del PSOE y de su fiscal general, han quedado señalados para siempre como representantes del sicariato más abyecto jamás creado por la propaganda oficial. Son los mismos pobres apesebrados que van dando lecciones morales de democracia y periodismo y que han ligado su destino y final en la internacional del bulo y el trinque al día en que se pruebe el origen del delito de García Ortiz. Porque todos sabemos quién dio la orden.