¿A qué espera el fiscal?

La Fiscalía debería investigar por qué María Ángeles Moreno Micol declara sólo 201 metros cuadrados construidos cuando el catastro marca 353. O lo que es lo mismo: 152 metros cuadrados más de los declarados oficialmente. Esta concejala de Podemos, propietaria del Falcon Crest murciano, es el claro ejemplo de la hipocresía que reina entre los dirigentes del partido morado, ya sea en Madrid o en Murcia. Los autoproclamados «representantes de la gente» tienen «contradicciones» en todos los puntos de España. Casualmente, el nivel de vida de muchos de ellos tiene poco o nada que ver con el que tenían antes de entrar en política.

Llegaron para «asaltar el cielo», pero ejemplos como el de Pablo Iglesias, Irene Montero o la propia Micol son la prueba de que han hecho un negocio redondo con su actividad pública. El caso de la edil de Ahora Murcia —marca blanca podemita— en el Ayuntamiento de la capital autonómica es especialmente llamativo. Además de no declarar tanto como posee —algo que debe ser investigado de manera pormenorizada por la justicia— cuenta con una colección de bienes e inmuebles que no es que la alejen de los ciudadanos normales, sino que la sitúan en otra galaxia. Ahí está su barco velero, su Mercedes, su moto BMW y sus diez inmuebles.

Entre las edificaciones, uno de ellos cuenta con tres viviendas y una piscina en su interior. Resulta cuanto menos difícil de creer que todos sean para «vivir» y ninguno para «especular», como asegura Irene Montero que hacen los integrantes de Podemos. Micol, seguidora acérrima del discurso demagógico del partido populista, convierte en un guiñapo el supuesto estilo de vida de los bolivarianos, cuyo código ético, en principio, los presentaba como autoproclamada «nueva política» ante los españoles. Ahora, casos como el de Micol o como los de Iglesias y Montero dejan bien a las claras que eran sólo una pose. Concebían la política como un negocio en el que debían captar clientela, aunque fuera a base de mentiras y falsedades.