La psico-república catalana

Cuando la pasada semana escuché a Aragonés reivindicar una “ley de claridad como la de Canadá” para que Cataluña pudiera alcanzar su “ansiada” y “legítima” independencia, recordé un artículo que publiqué en Abc allá por el año 2001 que llevaba por título Psicodeterminación, y que hacía referencia a la manía del PNV de sacar a pasear la momia de la autodeterminación. Comparaba yo esa parafernalia nacionalista con la obsesión enfermiza de Norman Bates en Psicosis, que le llevaba a subir al desván una y otra vez para sacar en procesión a la madre-momia. La primera conclusión, entonces y ahora, es que no hay negocio que aguante una momia en el desván; y menos aún si tiene un hijo que la pasea.

Pero el discurso de Aragonés –en ese pleno en el que lo más jocoso es que se le han rebelado una parte de los portadores que llevan en andas a la momia de la psico-república catalana- no se ha limitado a reafirmar su compromiso de volver a sacar de la momia del armario. Fracasado su primer intento de golpe y una vez que Pedro Sánchez Castejón -ese impostor que preside el Gobierno de España- ha sacado de la cárcel a los ladrones y sediciosos que lo perpetraron, Aragonés defendió el “marco legal” con el que pretende romper la unidad de la nación española.

No es la primera vez que los nacionalistas catalanes –como otrora los vascos- apelan al modelo de Quebec para reivindicar la independencia para Euskadi o Cataluña. Tampoco son los nacionalistas los únicos que han “argumentado” a favor de un modelo singular para el territorio que sufre la pulsión secesionista. En el año 2017 fue Francesc de Carreras -eterno ideólogo de Ciudadanos- quien junto a otros ilustres catedráticos firmó una propuesta de reforma de la CE que proponía una nueva disposición adicional para reconocer a Cataluña su “singularidad”, concepto utilizado profusamente por los independentistas y/o acomplejados como receta mágica para afrontar la crisis catalana: “…un proceso de reformas del modelo territorial puede abordar tres cuestiones en relación a Cataluña: el reconocimiento de la singularidad, la recuperación de los contenidos estatutarios desactivados por la sentencia sobre el Estatut y la remisión al Estatuto de aquellos aspectos identitarios o de organización institucional o territorial que sólo afectan a ese territorio y no a los restantes…”.

La propuesta de reforma de la Constitución, lejos de acabar con las disposiciones adicionales que la Constitución del 78 estableció para Navarra y País Vasco, añadía un nuevo titular de privilegios, Cataluña. Pero la mayor trampa es que proponía que esa singularidad se estableciera vía disposición adicional, o sea, robándonos a los españoles nuestro derecho a decidir votando en referéndum ese cambio constitucional. Y es que las disposiciones adicionales no requieren de referéndum para ser incorporadas en la Constitución, sirve la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados.

Si estos expertos constitucionalistas eligieron esa vía fue precisamente porque saben que los españoles no estaríamos de acuerdo en que una nueva Constitución sirviera para profundizar en la desigualdad entre ciudadanos mientras que sí que habría una mayoría parlamentaria dispuesta a pagar el peaje a los independentistas. Quienes desde distintos frentes ideológicos o políticos sostienen posiciones similares ignoran premeditadamente que la única singularidad que tiene Cataluña respecto de otras regiones de España, la lengua, ya está reconocida en el texto constitucional. Y si lo ocultan es porque la singularidad que pretenden reconocer a Cataluña “para superar la situación” no es otra cosa que un privilegio y una manera de premiar tanto a los políticos que han perpetrado un golpe contra la democracia como a aquellos que los amnistiaron.

El camino quebequés también ha sido defendido por los socialistas. Lo hizo Iceta en 2016, cuando era el primer secretario del PSC, y en 2018 fue Pedro Sánchez quien, en un viaje que hizo a Canadá, lo elogió enfatizando que “desde la política se pueden encontrar soluciones a una crisis secesionista…”. Quienes defienden el camino de Quebec –ya sean Aragonés, Pedro Sánchez, Carreras o cualquier columnista de la prensa pública o concertada que escribe o habla al servicio de quien le paga…- mienten sobre el fondo de la cuestión al homologar realidades políticas radicalmente distintas. El modelo Quebec no es aplicable en España. Stephane Dion, el padre de la ley de claridad, lo explicó en Bilbao en 2003. “Nosotros necesitábamos una ley de claridad porque nuestra Constitución no tiene un artículo 2 como la suya”. Artículo 2: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”.

Ya que apelan a la claridad, vamos a dejarlo todo claro. Quebec o Escocia (otra referencia habitual de los nacionalistas/secesionistas españoles) no sirven como modelo para España ni para ninguno de los territorios que la componen. El mismo Dion se lo explicó al periodista que en 2017 le interpelaba al respecto desde las páginas de El País: “Escocia y Quebec son dos excepciones”. El artículo 2 de su Constitución, que determina la indisoluble unidad de la Nación española no es nada excepcional; lo excepcional son los casos de Canadá y el Reino Unido”. E insistió: “Ser ciudadano es un derecho transmitible a sus hijos. Esa es la interpretación democrática del artículo 2 de la Constitución Española. Y es la razón por la que tantos países son democráticos e indivisibles, incluidas las nuevas democracias, que tras años bajo el imperio comunista, lo primero que incluyeron en sus constituciones fue que su país era indivisible”.

Claro que, si los que defienden una ley similar a la canadiense para España se tomaran el trabajo de leer el contenido de la Ley de la Claridad seguro que se les pasaba la emoción. Porque, sucintamente, lo que la ley determina es: que será la Cámara de los Comunes (nuestro Congreso de los Diputados) quien apruebe el texto de la pregunta y decida si esta es clara y se puede formular en un referéndum; que el Gobierno de Canadá se abstendrá de entablar negociaciones sobre las condiciones en las que una provincia podría separarse de Canadá porque preguntas ambiguas no conllevan negociación; y que las provincias canadienses carecen de facultades para separarse de Canadá por lo que la separación de cualquier provincia haría preciso modificar la Constitución de Canadá, lo cual, a su vez, precisaría negociaciones en las que, al menos, participaran los gobiernos de todas las provincias así como el Gobierno de Canadá.

O sea que quienes piden una ley de claridad para Cataluña lo que están proponiendo es derogar el artículo 2 de nuestra Constitución, ya que si este no existiera el referéndum para la ruptura no debería ser votado por el conjunto de los españoles. Nuevamente, nos están queriendo engañar llamando a las cosas por los nombres que no son y llamando claridad a lo que no es otra cosa que renuncia a la unidad de la Nación española.
Y para finalizar este artículo, permítanme una llamada de atención. Resulta altamente preocupante que la respuesta que han dado los de Sánchez a la última diatriba de Aragonés haya sido afirmar que están dispuestos a “releer” el Estatuto que el TC declaró inconstitucional. Verán cómo los socialistas desempolvan la propuesta Carreras para derogar de facto el artículo 2 de la CE utilizando la mayoría antisistema que tienen el Congreso de los Diputados y contando con la complicidad de un TC que están a punto de parasitar absolutamente. Al tiempo.