La preocupante insistencia del Gobierno con el superávit de los ayuntamientos

El Gobierno no deja de presionar a los ayuntamientos para que éstos le presten los 15.000 millones de euros que tienen acumulados desde 2012 como remanentes de tesorería. Ese ahorro municipal fue posible gracias a que la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LO 2/2012, de 27 de abril) impuso que las entidades locales debían cerrar sus ejercicios en equilibrio presupuestario.

De hecho, los ayuntamientos son las administraciones que más fácilmente pudieron cuadrar sus cuentas, pues sus competencias son limitadas y ninguna de ellas tiene la presión tan enorme que en muchas ocasiones sufre la sanidad, la educación, los servicios sociales, las pensiones o las prestaciones por desempleo. En muchas ocasiones, los ayuntamientos decidieron ofrecer servicios que no estaban dentro de sus competencias, que ellos llamaron “competencias impropias”, pero que, sencillamente, no eran competencias. Dejaron de prestarlas o las redujeron a la mínima expresión y corrigieron los desequilibrios.

Del mismo modo, sus ingresos son menos sensibles al ciclo económico. Es cierto que en crisis tienen más impagos y más retrasos en algunos tributos, pero también es verdad que la principal fuente de financiación de los ayuntamientos, que es el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) es muy rígido, tanto al alza como a la baja, porque es de muy difícil fraude y los ciudadanos tienen asociado el pago del IBI al de la propiedad de su vivienda. Por tanto, puede haber retrasos, pero suelen terminar cobrando, de manera que no sufren una merma importante en dicha figura tributaria. Lo mismo sucede en su segunda fuente de ingresos por importancia, que es el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, la popularmente conocida como plusvalía. Puede que bajen algo las transacciones que dan lugar a dicho tributo, pero tampoco mucho. De hecho, este tributo se vuelve, en muchos casos, confiscatorio y deberían estudiar los ayuntamientos suprimirlo; además, está en su mano, con la actual ley, hacerlo, porque no están obligados a imponer un mínimo, como sí que lo están en el IBI. El resto de tributos, como el ICIO, puede que sufran algunas caídas, pero en global no producen tanto quebranto a las arcas municipales.

Por tanto, como la tensión en los gastos pudieron rebajarla y la caída de ingresos nunca fue tan abrupta, los ayuntamientos equilibraron sus cuentas. Además, con los remanentes de tesorería, muchos de ellos han ido amortizando deuda de manera anticipada, de forma que no están ya endeudados y tienen excedentes netos de tesorería. Otros, siguen teniendo deuda, que reducen ejercicio a ejercicio en la cuantía que vence, y los excedentes los dejan inmovilizados en una cuenta bancaria. También es cierto que con la política monetaria imperante, las entidades financieras empiezan a cobrarles a los ayuntamientos por esos depósitos, de manera que sí que habría que buscarles una salida prudente: la mejor sería que redujesen los impuestos y empleasen esos remanentes para amortizar la deuda, manteniéndose después en equilibrio. Para ello, sí que deberían flexibilizar la regla de gasto, no para aumentarlo, sino para que al reducir impuestos no tuviesen que reducirlo, no fuese a darse la circunstancia de que no pudiesen prestar los servicios básicos municipales. Con la obligatoriedad del equilibrio presupuestario, bastaría.

Pues bien, al Gobierno de Sánchez se le ha ocurrido que lo mejor que pueden hacer los ayuntamientos es prestarle al Gobierno esos 15.000 millones de euros. Posteriormente, el Gobierno les transferirá a los municipios 2.000 millones en 2020 y 3.000 millones en 2021, para ejecutar actuaciones en línea con la senda que marque el propio Ejecutivo. Los otros 10.000 millones se los devolverá en diez años (que ahora pretende el Gobierno que sean quince) a un tipo de interés equivalente al coste de la financiación del Tesoro. Esto ha desatado una batalla tremenda, puesto que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha aprobado ese préstamo, pero completamente dividida, con el voto de calidad de su presidente. El grueso de los alcaldes rechaza el acuerdo y, como es voluntario, no piensan suscribirlo. Si no lo hacen, no podrán emplear los remanentes en nada; si lo hacen, habrán de emplear un tercio en lo que el Gobierno les diga y el resto no lo recibirán por completo hasta dentro de más de una década. En cualquier caso, en estos momentos tampoco parece que el Gobierno pudiese contar con la mayoría suficiente para la convalidación del decreto.

Llegados a este punto, ¿por qué este empeño de Sánchez en conseguir este préstamo, cuando la cantidad, puesta en valores relativos, es pequeña para el Gobierno? Sólo se me ocurren dos motivos. El primero de ellos, para controlar las actuaciones de esos primeros cinco mil millones y que los ayuntamientos sigan su estela política. No parece admisible.

El segundo es todavía mucho más preocupante. Si el BCE está comprando deuda de forma casi ilimitada, de manera que la financiación no debería ser un problema, y se reciben, además, 72.700 millones a fondo perdido procedentes de la UE, ¿por qué esa lucha por 15.000 millones que ni computarán en la corrección del saldo presupuestario, al ser un mero préstamo (salvo que la IGAE vea alguna fórmula imaginativa que acepte Eurostat), ni le resuelven tampoco al Tesoro ni su política de emisiones ni la financiación global? Si fuese por este segundo motivo, sería muy preocupante, como digo, porque querría decir que la situación económica y financiera española es mucho peor de lo que parece -que ya está muy desequilibrada-.

El Gobierno lo que debe hacer es equilibrar sus cuentas, realizar profundas reformas que permitan iniciar la recuperación cuanto antes, y generar confianza, y dejar libre ese dinero de los ayuntamientos, que deberían aprovecharlo para amortizar deuda, bajar impuestos, mantenerse en equilibrio y dedicarse a las cuestiones propias de los municipios, no a ninguna otra.