Pobrecitos los corruptos del PSOE y qué malas son las empresas

En un intento surrealista de invertir la carga de la prueba, el Gobierno de Pedro Sánchez prepara una ley para culpar a las empresas de la corrupción, toda una forma de blanquear los comportamientos de los dirigentes socialistas y miembros de la familia del presidente señalados por la justicia. El Ministerio de Hacienda difundirá una lista negra de las compañías condenadas por haber incurrido en delitos de corrupción y que estarán inhabilitadas para contratar con la administración. Pues muy bien, pero ¿y la lista negra de dirigentes socialistas imputados por delitos vinculados a la corrupción? ¿Seguirán vinculados al PSOE? Es de aurora boreal: Pillan a los dos secretarios de Organización del PSOE con las manos en la masa y el Gobierno reacciona con un registro de empresas condenadas por prácticas corruptas, como si los imputados y condenados socialistas hubieran caído en la tentación, pobrecitos ellos, de los malvados corruptores.

Dice el Gobierno que la norma «da respuesta a una preocupación de los ciudadanos y a una exigencia democrática básica». Concretamente, el proyecto contiene 84 medidas en diferentes textos legislativos, modifica 18 normas y seis leyes orgánicas. «Una ley muy ambiciosa», presumen. Hace falta tener cara y muy poca vergüenza para poner el foco de la corrupción en las empresas y diluir así el comportamiento corrupto de no pocos altos cargos socialistas. Entre las «principales medidas» de esta nueva norma está la prevención a través de la publicación de un «registro de empresas con prohibiciones de contratar con la Administración». Ese listado, ahora confidencial, pasará a ser «público y accesible», al tiempo que se incrementará de 15 a 20 años las penas máximas de inhabilitación para contratar o recibir subvenciones a las empresas condenadas por prácticas corruptas. Además, se endurecerá «el control y la transparencia de las donaciones de los partidos políticos y sus fundaciones».  Y como guinda, el Gobierno obligará a los partidos a hacer «auditorías externas e independientes». Claro, como las que hace el PSOE. Aquí la auditoría que vale es la que hace la UCO. Y el PSOE ha salido retratado.