El plan de Sánchez para maniatar a la justicia: que los fiscales se conviertan en jueces instructores
Al resultar un asunto especialmente técnico, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) no está mereciendo la atención que merece, porque detrás del anteproyecto de ley impulsado el Gobierno se esconde la intención de maniatar a los jueces. Y eso es así porque lo que se pretende es que los fiscales asuman las instrucciones de los procedimientos en materia penal, para de este modo convertirse de hecho en jueces instructores. Con una Fiscalía bajo el control del Gobierno -lo de este fiscal general del Estado es un caso de sometimiento al poder ejecutivo que no tiene precedentes- no es difícil adivinar que es lo que busca Pedro Sánchez: dar más poder a los miembros de un órgano que controla en detrimento de los jueces. El Consejo General del Poder Judicial CGPJ esta terminando el dictamen preceptivo solicitado por el Gobierno de la reforma legal de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) y los cuatro vocales que firman este documento consideran «inviable» que los fiscales pasen a ser jueces instructores porque supondría una «involución» al generar «indefensión» en el enjuiciado. Además, dado que en España hay el doble de jueces que de fiscales, la ley que prepara el Gobierno podría obstruir aún más la justicia española. Un aspecto fundamental es que con la nueva ley el fiscal puede anular las pruebas practicadas y sobre su figura recae todo el peso de la acusación.
Decíamos que el asunto es eminentemente técnico, pero no caben muchas dudas sobre el objetivo último que pretende el Gobierno: si el fiscal general del Estado lo designa el Gobierno y la cúpula del Ministerio Público la designa el fiscal general del Estado elegido por el Ejecutivo, está más claro que el agua que la instrucción de los fiscales en los procedimientos en materia penal corren el riesgo de verse contaminados por el poder político. O dicho de otro modo: como Sánchez no controla -todavía- a los jueces, que sean los fiscales -a los que sí controla-quienes hagan la labor de los jueces.
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