Una petición de cárcel que salpica al Pacte

Suena a marronazo que la Fiscalía pida en total 31 años a los culpables de prostituir a menores tuteladas empleando para su sometimiento drogas, alcohol, pasta y violencia. Marronazo es, para entendernos, un problema grave. Una cosa, que resulta muy molesta o desagradable. En el argot de la tauromaquia, se entiende por un marronazo la ejecución fallida de una suerte del toreo y aquí es donde yo quería ir a parar porque si cambiamos toreo por IMAS e incluso IMAS por Conselleria de Asuntos Sociales, entonces el marronazo o sea petición de 31 años de cárcel, adquiere una nueva dimensión es decir un tamaño o magnitud que trasciende a la simple petición de la Fiscalía y, en definitiva, salpica gravemente a la gestión del Pacte de Progrés.

Vamos a ver. Papá y mamá tienen niños o niñas a quienes deben alimentar, cuidar y proteger, además de ayudar a crecer en condiciones óptimas. Pero a veces, solo es papá o solo es mamá quien asume tal responsabilidad pues de eso van las familias monoparentales. Sin embargo, ocurre que los papás y mamás en versión familia estándar o monoparental, el nuevo estándar, no cumplen con las expectativas y entonces papá Estado es quien decide tomar cartas en el asunto y poner en práctica que «los hijos no son de los padres», como diría la impresentable exministra Isabel Celaá. Los socialistas tienen ocurrencias poco edificantes y técnicamente corruptas, como por ejemplo añadir a eso de que los hijos no son de los padres que el dinero público no es de nadie, cuando sabemos que sale de los bolsillos del contribuyente.

Si queda alguien en la izquierda con derecho a voto y dos dedos de frente y cierta dosis de honorabilidad, debería abrir los ojos y mirar de frente a tan profunda deshonestidad en determinadas conductas de los suyos.

¿Por qué lo digo? Muy sencillo. Imaginemos que papá y mamá la cagan, o que papá o mamá por la vía monoparental también la cagan. Las criaturas a su cuidado, sean niños o niñas, pasan entonces a ser tutelados por el Estado ni más ni menos que para garantizar alimento, cuidado, protección y ayudar a ver crecer a las criaturas en condiciones óptimas. Como papá y mamá no saben hacerlo, en función de unos rígidos protocolos de Asuntos Sociales de inmediato se les deniega la patria potestad y la custodia que asumirá de inmediato papá Estado, haciendo así realidad el principio gótico de que los hijos no son de los padres.

Pero resulta que los servicios sociales, que son Estado, desatienden sus obligaciones hasta el extremo de que las criaturas vayan a su bola y caigan en manos de desaprensivos. Ahora, la culpa de los padres no preparados para proteger a sus hijos se repite con los servicios sociales al parecer en completa impunidad, como se desprende de lo que ha sucedido en Baleares. ¿Por qué lo digo? Muy sencillo: la reiterada negativa del Pacte a una comisión de investigación para depurar responsabilidades.

Si eres un votante de izquierdas, ¿no te suena muy raro esta conducta de los servidores públicos algo distraída en manos del Pacte ?¿Censurable, tal vez? Imagina por un instante que un menor o una menor en custodia se vea descendido a los infiernos de la inmundicia. ¿Cómo crees que actuaría la Justicia? Ya lo sabes: petición de la Fiscalía de 31 años de cárcel.

En el caso de las menores tuteladas prostituidas, el vínculo parental es con los servicios sociales de la administración autonómica y a fecha de hoy no se han reconocido, en absoluto, deficiencias en el sistema, al tiempo que se ha torpedeado cualquier petición de investigación. ¿De verdad, que sigues siendo un orgulloso votante de izquierdas? Si así es, háztelo ver porque no tienes la más mínima sensibilidad para entender la tragedia de lo sucedido.

Tus queridas Francina Armengol y Cati Cladera se han cerrado en banda, incluso a la hora de mostrar una mínima cortesía institucional con la visita de una comisión europarlamentaria que tuvo que buscarse la vida porque la administración autonómica les negó el pan y la sal. Pero la petición de 31 años de la Fiscalía salpica de lleno la honorabilidad del Pacte de Progrés.

Salvo, claro está, que de repente vuelva esa voz para alumbrarnos de quién depende la Fiscalía. «Pues eso». Aunque parece ser que, en efecto, quedan rectos profesionales en la judicatura, sin plegarse a presiones y ejerciendo su trabajo con ejemplar responsabilidad. Sería una inmundicia comprobar que la petición de penas pilla silbando a los responsables políticos, puesto que dejaría inmune a una administración que se ha mostrado incapaz de ir en auxilio de unas tuteladas que dependían directamente de ella. El daño, en este caso, no es de los padres y madres de quienes se presumía su poca capacidad para evitar males mayores. Lo verdaderamente atroz es que la administración ha decidido mirar hacia otro lado. El caso Oltra otro que tal.

¿De verdad, ésta es la izquierda de tus amores? ¿Es tu máxima aspiración? Porque la petición de los 31 años de la Fiscalía salpica al Pacte de Progrés.