Pensiones: origen y consecuencias del problema
Los gobernantes de nuestro país no supieron mirar al futuro desde el presente. Nadie supo intuir que nuestra economía, fundamentada en unos buenos pilares industriales a lo largo de los años 70 y 80 —aún en los 90— iría derivando hacia un modelo extremista de servicios en el que se impondría el self service en detrimento de la mano de obra. Del mismo modo, pensábamos que los robots y la inteligencia artificial, que los humanoides y las personas electrónicas eran simple fruto de la imaginación de unos atrevidos guionistas y de vida circunscrita al celuloide. No obstante, todo ha ido cambiando a pasos agigantados. Incluido el movimiento natural de la población. En 1976, justo en aquellos tiempos de la Transición, las cosas funcionaban: había 677.456 nacimientos por 299.007 defunciones.
Llegaban más niños a esta España nuestra que personas se iban al otro mundo. En 2017, las cosas no pudieron ir peor: se nos fueron 423.643 personas —algunos de ellos buenos amigos—, que Dios tenga en su gloria, y solo nacieron 391.930 estupendos chavales —algunos en mi propia familia y que serán, como les digo a sus padres, quienes cubrirán mi pensión…—. Posiblemente, la economía no sea del todo ajena al movimiento natural de la población. Al menos, eso es lo que se infiere si nos fijamos en un detalle: en el fascinante año 2008, el número de nacimientos fue de 519.779 mientras que las defunciones fueron de 386.324. Por ende, la demografía no ayuda en busca de soluciones al debate de las pensiones.
En estas estamos y el debate de las pensiones, que en realidad es mucho más profundo y afecta al Estado del bienestar, va por los derroteros de la discusión bizantina. En el paquete del gasto social que conforma ese Estado del bienestar, además de las pensiones, está la sanidad, el desempleo, los servicios sociales, el derecho a la educación, la propia cultura, las prestaciones mínimas de servicios públicos… En una España integrada en una Europa que se erige, por más que nos mostremos críticos, en paradigma del Estado del bienestar.
Debatimos, pues, sobre la sostenibilidad, los retos y los desafíos del sistema de pensiones en un momento en que el nuevo Gobierno español parece decantarse abiertamente por un mayor gasto social, cuando las pensiones, que vivieron en los últimos años sendas reformas de calado —en 2011 y 2013— finalmente se han quedado en agua de borrajas recobrando mejoras en su capacidad adquisitiva, y cuando la sanidad, nos dicen, se universalizará. La consecuencia es clara: más gasto público y la pregunta consiguiente es cómo financiarlo.
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