Los Pactos de la Moncloa no pusieron fecha de caducidad a la Constitución

Nada tengo que objetar al fondo del artículo publicado en OKDIARIO  (7 de abril pasado) por Diego Vigil de Quiñones Otero sobre los II Pactos de la Moncloa. Ojalá se dieran las circunstancias favorables para que los dos principales partidos –el PSOE y el PP- promovieran un gran acuerdo nacional que permita afrontar con éxito el desastre económico provocado por el coronavirus y la nefasta gestión de la crisis. Para ello sería condición sine qua non que Pedro Sánchez renunciara a gobernar con un partido que rechaza la Constitución y no vacila en aprovecharse de la pandemia para defender e implantar medidas bolivarianas que nos llevan directamente al desastre y a la igualdad en la miseria, como él mismo aseguró durante la campaña electoral. Pero no puedo pasar por alto las alusiones a mi persona vertidas en el referido artículo porque a su autor le ha traicionado su memoria histórica al atribuirme unas manifestaciones que nunca salieron de mi boca.

Recuerda Vigil de Quiñones haber acudido en septiembre de 2003, cuando cursaba quinto curso de Derecho, a la presentación en el hotel Palace de uno de mis libros, titulado ‘Jaque a la Constitución’, donde conoció a Mariano Rajoy, que me honró con su participación en el acto. Según su propio recuerdo –y cito literalmente– revelé «que en los Pactos de la Moncloa, los partidos habían pactado no promover cambios constitucionales durante 25 años para garantizar estabilidad institucional. Dichos 25 años habían terminado justo en el momento de publicarse el libro. Pasado ese plazo, el PSOE se lanzó a promover reformas estatutarias y el ‘federalismo asimétrico’, abriendo el problema del Estatut y los nuevos Estatutos que le siguieron. Por esa vía, según Del Burgo, se podía terminar dando jaque a la Constitución».

Nunca jamás dije tal cosa. Fui senador constituyente, secretario segundo del Senado y formaba parte del Comité Ejecutivo Nacional de la Unión de Centro Democrático. Conocí, por tanto, de primera mano cómo, por qué y para qué se gestaron los Pactos de la Moncloa, cuyo contenido se votó casi unánimemente tanto en el Congreso como en el Senado. Desde 1973, la economía española se hallaba en una clara depresión a causa de la crisis del petróleo, que frenó en seco el ‘milagro español’, así se le llamaba entonces, fruto de las medidas liberalizadoras aplicadas en los años sesenta para salir de la autarquía en que habíamos permanecido desde el bloqueo al régimen de Franco decretado por Naciones Unidas en 1946 y al que se puso punto final cuando el presidente norteamericano, Dwight Eisenhower, recorrió el 21 de diciembre de 1959 la Gran Vía de Madrid en coche descubierto junto al ‘Caudillo’ entre las aclamaciones de un millón de madrileños.

El origen de los Pactos de la Moncloa se encuentra en el programa electoral de UCD, la coalición liderada por el presidente Adolfo Suárez, integrada por partidos centristas liberales, demócrata-cristianos y social-demócratas junto a un grupo de jóvenes reformistas del régimen anterior. Adolfo Suárez había cumplido el encargo que en julio de 1976 le había hecho Don Juan Carlos I, empeñado en ser «rey de todos los españoles», de instaurar en España el sistema democrático. En total sintonía con Torcuato Fernández Miranda, presidente de las Cortes y del Consejo del Reino, logró que las Cortes franquistas aceptaran la disolución del régimen del 18 de julio al aprobar por aplastante mayoría la Ley para la Reforma Política. Sometida a referéndum decisorio del pueblo español el 15 de diciembre de aquel año crucial, obtendría el 94 por ciento de los votos emitidos con una participación del 77 por ciento del censo electoral.

Después de esta inapelable legitimación popular de la «reforma democrática» para el tránsito de la dictadura a la democracia «de la ley a la ley», la ‘ruptura’ que propugnaban los partidos de la oposición, fundamentalmente el Partido Comunista, el PSOE y los nacionalistas vascos y catalanes quedó en vía muerta. No habría un gobierno provisional con los partidos del exilio republicano encargado de convocar Cortes constituyentes. Pero Suárez les tendió la mano y les ofreció pactar las normas reguladoras de las primeras elecciones democráticas de nuestra historia, que llevaban consigo el reconocimiento de todos los derechos fundamentales (asociación política y sindical, libertad de expresión, reunión y manifestación). El éxito coronó el esfuerzo de conciliación y reconciliación del primer gobierno de la democracia.

El 15 de junio de 1977 el pueblo volvió a hablar. Y dio el triunfo a la UCD. Suárez podía haber impulsado una Constitución “de derechas”, sumando a sus 166 escaños los 16 de Alianza Popular. Eso hicieron, en sentido inverso, ‘las izquierdas’ en 1931, al aprobar una Constitución sectaria, antirreligiosa y socializante. Además, las urnas habían resuelto el pugilato por la primacía de la izquierda, otorgando al PSOE 118 escaños frente a los 20 del Partido Comunista. Pues bien, al cierre de la campaña electoral, Adolfo Suárez pronunció un discurso memorable, que terminó con estas palabras: «Puedo prometer, y prometo, intentar elaborar una Constitución en colaboración con todos los grupos representados en las Cortes, cualquiera que sea su número de escaños. Puedo prometer, y prometo, porque después de las elecciones ya existirán los instrumentos necesarios, dedicar todos los esfuerzos a lograr un entendimiento social que permita fijar las nuevas líneas básicas que ha de seguir la economía española en los próximos años. Puedo prometer, y prometo, que los hombres de Unión de Centro Democrático promoverán una reforma fiscal que garantice, de una vez por todas, que pague más quien más tiene. Puedo prometer, y prometo, un marco legal para institucionalizar cada región según sus propias características. Puedo prometer, y prometo, que trabajaremos con honestidad, con limpieza y de tal forma que todos ustedes puedan controlar las acciones de gobierno. Puedo, en fin, prometer, y prometo, que el logro de una España para todos no se pondrá en peligro por las ambiciones de algunos y los privilegios de unos cuantos».

Pues bien, la clave de los Pactos de la Moncloa estuvo en los dos primeros compromisos del presidente: elaborar una Constitución por consenso y dedicar todos los esfuerzos a conseguir el entendimiento social. Este último era imprescindible para que los debates constitucionales se hicieran con sosiego y sin algaradas callejeras, y al mismo tiempo se pudiera desarrollar una política económica y fiscal capaz de sacar a España de la crisis. El 27 de octubre de 1977 todos los grupos parlamentarios firmaron los pactos económicos en el Palacio de la Moncloa. Consistían en un acuerdo para el saneamiento y reforma de la economía, con base a las propuestas presentadas por Enrique Fuentes Quintana, un independiente al que Suárez había nombrado vicepresidente económico y al que todos respetaban por ser el más brillante de los economistas de la época. Al mismo tiempo, todos –salvo Manuel Fraga- suscribieron un pacto político consistente en un programa de actuación jurídica para introducir la adaptación del ordenamiento jurídico a la nueva realidad democrática. Los Pactos venían a ser el equivalente al programa de un gobierno de concentración nacional. Si su ejecución se encomendó a Adolfo Suárez fue porque se había ganado la confianza de todos al haber sido capaz de mantener, contra viento y marea, la palabra dada desde el momento en que había aceptado el encargo del rey Juan Carlos. No se pactó que la Constitución no pudiera alterarse en veinticinco años. En primer lugar porque toda Constitución nace con vocación de eternidad y además porque era prematuro prever si se iba a producir el consenso necesario para su aprobación.

El debate de la Constitución duró cerca de un año. No fue un camino de rosas, pues hubo no pocos sobresaltos. Pero el 31 de octubre de 1978 el Congreso y el Senado dieron su aprobación al texto definitivo. Y el siguiente 6 de diciembre los españoles la refrendaron por amplia mayoría. Felipe González diría entonces que la Constitución nos iba a permitir «vivir en paz y en libertad». Sin fecha de caducidad.

Mi libro ‘Jaque a la Constitución’, publicado en 2003, era un análisis de las propuestas presentadas en el Parlamento de Cataluña por CIU y el PSC que hasta ese momento habían pasado inadvertidas. Y esta fue mi conclusión: «A la vista de lo que está por venir, presiento que Cataluña lleva camino de convertirse en un nuevo problema. Durante los primeros años de la transición a la democracia, las ciudades catalanas fueron testigo de manifestaciones gigantescas en reivindicación de ‘libertad, amnistía y estatuto de autonomía’. El restablecimiento de la Generalidad en la figura de Josep Tarradellas provocó el delirio de la población catalana. En esta ocasión, las masas no se han lanzado a la calle ni para defender el soberanismo de Convergencia ni el federalismo asimétrico de Maragall. Nadie pierde el sueño en Cataluña por la reforma del Estatuto. Estamos tan sólo ante un juego de esgrima de los políticos. Sin embargo, en los juegos peligrosos puede pasar cualquier cosa. Y si Dios no lo remedia, la vida catalana está a punto de una radicalización sin precedentes por causa de la irresponsabilidad de algunos de sus políticos. Y lo que es malo para Cataluña también lo es para el conjunto de España. No, como advirtió Pujol, no podemos permitirnos un nuevo fracaso». [Esta frase la pronunció en el Congreso de los Diputados, en su discurso de 21 de julio de 1978 en defensa del voto favorable de la Minoría catalana al conjunto de la Constitución].

Mariano Rajoy demostró haberse enterado al poner punto final al acto de presentación con estas palabras: «Ya para terminar mi intervención quiero concluir que yo formo parte de los que siguen apostando por la Constitución y por los Estatutos, de los que creen que nadie unilateralmente puede romper lo que todos los españoles como poder constituyente nos dimos un día y haré todo lo posible por defender este marco de convivencia desde la propia Constitución y el Estado de Derecho que ella misma avala». Nadie podía imaginar que mis predicciones resultaran proféticas ni que llegaría un momento, casi quince años después, en el que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se viera precisado a aplicar el artículo 155 de la Constitución y a destituir a todo el Gobierno de la Generalidad.