La nueva Colau

Parece que la nueva Ada Colau obedece al nombre de Carme Arcarazo y es la portavoz del Sindicato de Inquilinos. Si Colau hizo carrera gracias a la PAH (la Plataforma de Afectados por la Hipoteca), no dudo de que esta también hará carrera.

Yo descubrí a Ada Colau aquel 5 de febrero del 2013 cuando, en una competencia en el Congreso de los Diputados, llamó «criminal» al representante de los bancos. Hasta amenazó con tirarle un zapato. Con esas credenciales no tardó en saltar a la política.

Apenas dos años después llegó a la alcaldía de Barcelona (2015). Ha durado dos mandatos. Hasta las municipales del año pasado. Que me quiten lo bailao. Y si ha dejado ahora la primera línea es porque los propios estatutos de los Comunes le impedían repetir.

La ex alcaldesa, en efecto, utilizó la PAH como trampolín. Todavía me acuerdo de su carta de dimisión como portavoz de la entidad en el 2014. «Para evitar especulaciones quiero aclarar lo que ya he dicho muchas veces: no voy a fichar por ningún partido político», aseguraba.

Hay que decir que, en parte, dijo la verdad. No fichó por ningún otro partido, creo el suyo propio. Aunque ha pasado por diversos nombres: Catalunya sí que es Pot, Catalunya en Comú. Fue una OPA por absorción de Iniciativa, el partido a la izquierda del PSC que había en el panorama político catalán. Ahora ya no existe. Cerró con nueve millones de deuda.

Por eso le auguro a Carme Arcarazo el mismo futuro que la ex alcaldesa de Barcelona si la izquierda española -y catalana- no se hunde antes. Ha demostrado ya formas como cuando ha amenazado a propietarios y políticos tras una mani.

«Se acabó que nos roben cada mes la mitad del sueldo», ha afirmado. Aunque técnicamente no es un robo, es un alquiler. «Se acabó que ellos sean cada vez más ricos y tengan cada vez más pisos», ha añadido.

Y ha propuesto cuatro medidas: bajar el alquiler un 50% -supongo que por ley-, contratos de por vida, cero pisos turísticos y prohibir la inversión inmobiliaria. «Se acabó», ha manifestado como si fuera la ministra del ramo.

A mí, personalmente, me ha llamado la atención cuando ha dicho que «se adueñan de nuestros pisos». «¿Nuestros?» Será de los propietarios. Que, muchas veces, no son bancos ni grandes empresas, sino personas de carne y hueso que han heredado el piso de la abuela y utilizan el alquiler para pagar la residencia de la madre, por ejemplo. Clases medias, en definitiva.

En esto me recuerda también a Ada Colau, cuando dijo nada más llegar al cargo que «desobedeceremos las leyes que nos parezcan injustas» en una entrevista en El País. Las leyes no son justas o injustas, son democráticas: las aprueban los Parlamentos.

Ni que decir que, en la Cataluña del proceso, la expresión causó fortuna. El entonces presidente de la Generalitat Quim Torra, que no era un hombre dotado precisamente de imaginación, copió casi la misma expresión unos años después. En el 2019 afirmó que «las leyes injustas, moralmente, no se pueden obedecer». Así ha quedado Cataluña.

El proceso se ha cargado la proverbial fama que tenían los catalanes de currantes -la cultura del esfuerzo-, el seny o sentido común e incluso, como pueden ver, el principio de autoridad.

Ahora ya sólo falta el respeto a la propiedad privada, pese a que en eso también vamos delante: más del 40% de okupaciones se producen en esta comunidad autónoma. Los daños morales del proceso, me temo, son irreversibles.