No es estabilidad, es traición

Pedro Sánchez no ha tardado ni una hora en salir a ofrecerse a Aragonés para apalancarlo en la Presidencia de la Generalidad una vez que los otros independentistas han decidido irse del Gobierno formado al grito de “lo volveremos a hacer”. No es que sea una sorpresa la disponibilidad del PSOE a sumarse al golpe –Illa está entrenando para ser el báculo de Esquerra desde que dejó de ser el ministro de Sanidad de los más de cien mil muertos-, pero sí que llama la atención la rapidez –en plena cumbre europea- con la que ha comparecido el impostor, como si hubiera temido que Aragonés dudara de la firmeza de su compromiso para acompañarlo en la repetición del golpe y se le ocurriera convocar elecciones…

Así que Pedro Sánchez, con toda solemnidad, se ha postulado para garantizar “la estabilidad”, que es como llaman en el mentidero de la Moncloa a consolidar un Gobierno autonómico en Cataluña comprometido con la repetición del golpe y volcado en la persecución a los ciudadanos libres.

Es verdad que el nuevo golpe no tendrá –no tiene ya- la forma del anterior. Porque si en octubre de 2017 fue la Generalidad la que orquestó y perpetró el ataque a la democracia, cinco años más tarde, el comité central del golpismo está situado en la Moncloa y el Palacio de la Generalidad no deja de ser una mera delegación. Y es que en la confusión de papeles que caracteriza a Pedro Sánchez y a este PSOE traidor, el presidente del Gobierno autonómico de Cataluña no es el “delegado ordinario del Estado”, como dice la Constitución, sino el mandado de Sánchez, el tipo que contribuye desde Cataluña a llevar a cabo la estrategia de Pedro Sánchez de demoler el sistema del 78.

A nadie debe sorprenderle que el que amnistió (aquello no fue un indulto, sino una amnistía encubierta, caracterizada precisamente por el carácter colectivo y no individual del “perdón” de los delitos) a quienes perpetraron el golpe contra la democracia asuma el papel de liderazgo cuando la alianza entre golpistas catalanes se debilita tácticamente. Para un tipo como Pedro Sánchez, dispuesto a conseguir su objetivo –que, insisto, no es otro que demoler el sistema del 78- no cabe dar un paso atrás. Quien fue capaz de despreciar el contundente informe del Supremo que rechazaba los indultos no puede consentir que una riña entre delincuentes  eche abajo su estrategia.

Y, como la memoria es corta, quiero recordar qué dictaminó el Supremo sobre la posible concesión de indultos, reproducido a continuación.

“El delito de sedición no es, desde luego, la respuesta del Estado a los excesos e de los derechos de reunión y manifestación. Lo que el hecho probado de nuestra sentencia declara –por más que lecturas parciales e interesadas reiteren lo contrario- no es identificable con el simple desbordamiento de los límites del orden público. Antes al contrario, lo que describe el juicio histórico es un ataque a la paz pública y a la observancia de las leyes y resoluciones judiciales como fundamento de la convivencia en el marco constitucional.”

 “Todas las resoluciones de esta Sala han sido avaladas por el Tribunal Constitucional, que ha descartado la vulneración de derechos fundamentales que se denuncia.”

 “El delito de sedición por el que se ha formulado condena –se aduce- representa un precepto trasnochado y sin equivalente en el derecho comparado.”

 “El sistema norteamericano reserva la denominación del delito de sedición para la forma más grave de atentado contra el Gobierno de los EEUU…”

 “En Alemania se castiga con pena de prisión perpetua o de prisión de al menos 10 años al que con fuerza o amenaza de fuerza emprenda acción para a) socavar la existencia continuada de la República Federal de Alemania; o b) para cambiar el orden constitucional…”

 “En Francia el CP castiga con penas de especial gravedad –que puede llegar a cadena perpetua para los dirigentes del movimiento insurreccional- los ataques a los intereses fundamentales de la nación, entendiendo por tal su independencia, la integridad de su territorio, su seguridad y la forma republicana de sus instituciones”.

“Al margen incluso de cualquier género de violencia y con idéntica equiparación entre el delito consumado y el intentado, el artículo 308 del CP portugués, castiga como delito de traición… a quien, con abuso de funciones soberanas, intenta separar de la patria una parte del territorio portugués.”

 “Por si fuera poco, en relación con los penados que también fueron condenados por un delito de malversación de caudales públicos, es más que evidente que en cualquier sistema penal democrático, la aplicación de fondos públicos a fines ilícitos, mediante actos expresivos de la deslealtad en el manejo de caudales públicos, constituye un delito al que se asocian graves penas privativas de libertad.”

“Esta Sala no puede hacer constar en su informe la más mínima prueba o el más débil indicio de arrepentimiento”.

“La constatación del fracaso de los fines de prevención especial, apreciable sin necesidad de mayores esfuerzos argumentales, obliga a rechazar el indulto solicitado a favor de los condenados.”

«Por cuanto antecede, la Sala INFORMA NEGATIVAMENTE la conexión de cualquier forma de indulto- total o parcial- a los condenados en la sentencia 459/2019, 14 de octubre, dictada en la causa especial núm. 20907/2017».

Estos son algunos de los  párrafos del informe al que Pedro Sánchez hizo caso omiso. Es tan  evidente como vergonzoso comprobar que desde que Sánchez ocupó la Moncloa puso la justicia en venta y la ha venido utilizando como medio de pago para mantenerse en el poder. Lo mismo da “Presupuestos por presos”, para satisfacer a Otegi que, tras haberlos amnistiado por sediciosos y ladrones, salir ahora al rescate del capo de los golpistas, no vaya a ser que flaquee y la sociedad catalana tenga la oportunidad de recuperar la libertad.

Sánchez, que traicionó a los demócratas de todo credo o condición ideológica al llamar “venganza” a la sentencia judicial y “revancha” a la ley  y que insultó a las víctimas al entregarle a Otegi el poder para que sean los terroristas quienes “escriban” la historia de la democracia, llama ahora “estabilidad” a mantener a los golpistas al frente de la institución autonómica. Poco le importa que la consecuencia es que podrán prorrogar el sufrimiento y la destrucción de la convivencia entre catalanes y de estos con el resto de los españoles. A él sólo le mueve el poder y demostrado está que es capaz de aliarse con el diablo para conseguirlo y mantenerlo.

Los conflictos políticos, normales en una sociedad democrática, no se resuelven legitimando a quienes quieren romper la convivencia entre los ciudadanos saltándose la ley para imponer su voluntad. En democracia los conflictos políticos se resuelven aplicando la ley, toda la ley y nada más que la ley. No hay atajos para imponer ningún proyecto ideológico al margen de la ley, porque fuera de la ley no cabe ni “concordia” ni “punto de encuentro”, sólo tiranía o la ley del más fuerte. O sea, la convivencia empieza por respetar la ley; quien decide saltársela para conseguir sus objetivos no tiene un problema político sino penal. Y quien protege a los delincuentes insulta a quienes exigen que se cumpla la ley y se respeten las sentencias de los tribunales; y se convierte es cómplice, cuando no inductor, del delito.

Pero no es la primera vez que el PSOE asume el liderazgo para la ruptura entre españoles. ¿Se acuerdan que en 2006, cuando los nacionalistas catalanes habían renunciado a su intención de sacar adelante un Estatuto que tenía alma de Constitución -que posteriormente fue declarado inconstitucional– Zapatero llamó a Moncloa a Artur Mas y le convenció de que siguiera adelante, asegurándole que él le apoyaría en todo hasta el final? Ahora, convertida en tragedia, se repite la historia. Y ya se sabe que, cuando de Sánchez depende, todo lo que puede empeorar, empeora.

No hay días en el calendario para perdonar tanta traición.