Ni un colectivo a salvo del feminismo radical

El PSOE y Podemos proponen penar a los ginecólogos si una mujer durante el embarazo o el parto sufre lo que ambas formaciones definen como “violencia obstétrica”. Un concepto acuñado por colectivos feministas que denuncia supuestas prácticas “agresivas” durante la gestación de las mujeres como el abuso de las cesáreas o diferentes medicaciones. Al parecer, y según se aprecia en el texto para reformar la normativa de la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid, no hay colectivo profesional que esté a salvo de las descabelladas teorías de las organizaciones feministas radicales. Unas irresponsables especulaciones que, por otro lado, y siempre según los expertos sanitarios ginecológicos, calan en aquellas mujeres que deciden dar a luz en casa con la única asistencia de una matrona poniendo en peligro la supervivencia de la madre y el bebé.

Radicales feministas, como la agrupación El Parto es Nuestro, defienden que esta violencia obstétrica es violencia de género porque se da hacia las mujeres por el mero hecho de serlo. Una afirmación que, sólo de entrada, criminaliza de manera generalizada a todo un colectivo profesional y atenta claramente contra su honorabilidad. Porque, tal y como señala el Código de Deontología Médica en sus principios generales, “la profesión médica está al servicio del ser humano y de la sociedad. Respetar la vida humana, la dignidad de las personas y el cuidado de la salud del individuo son los deberes primordiales de un médico”.

La propuesta de Podemos y PSOE sobre la actuación de los ginecólogos es inaceptable. Sobre todo, y no se trata de una razón baladí, porque si los profesionales ginecológicos de nuestro país incurrieran en un acto de violencia contra la mujer gestante o el feto, estarían vulnerando los derechos a la integridad moral y física o la libertad personal, tal y como reza el Art. 15 de la Constitución Española, saltándose, además, el principio básico de ‘primum non nocere’ –en primer lugar no hacer daño–. Lo más delirante de este escenario, no es que estas asociaciones pretendan imponer sus ideas en la sociedad, sino que los dirigentes políticos socialistas y podemitas sigan la senda de tan irracionales suposiciones llevando una reforma hasta el Parlamento madrileño.